Organizaciones sociales del Catatumbo, en Colombia, han denunciado al presidente Gustavo Petro por estigmatizar su labor en la defensa de los derechos humanos. Esta reacción se produjo luego de que el mandatario afirmara que algunas ONG en la región se encuentran «permeadas y subordinadas a las armas».
En un comunicado, el Espacio Autónomo de la Sociedad Civil en Norte de Santander, departamento donde se ubica el Catatumbo, advirtió que las declaraciones de Petro ponen en riesgo a líderes y lideresas sociales en una zona ya afectada por la violencia y la falta de atención estatal.
Durante un consejo de ministros, realizado el martes, Petro reiteró su postura sobre las organizaciones señaladas y declaró que no se debe proporcionar recursos a grupos armados, sino a la población para alejar las armas del territorio.
Además, las organizaciones sociales acusaron que los comentarios del presidente agravan el peligro para las comunidades, en un contexto de emergencia humanitaria derivada de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Esto sigue a los múltiples llamados de la sociedad civil al gobierno para atender la situación.
El lunes, el presidente había presentado un plan para la recuperación del Catatumbo, que incluye la erradicación de 25.000 hectáreas de cultivo de coca, representando aproximadamente la mitad de los cultivos ilícitos en la región fronteriza con Venezuela, conocida por su violencia.
Según Petro, la violencia en la zona no se debe solo a su condición de frontera, sino también a la existencia de 55.000 hectáreas de hoja de coca. El mandatario sostuvo que su meta es erradicar la mitad de estos cultivos en el marco de los decretos de conmoción interior emitidos el 24 de enero para enfrentar la violencia asociada a los choques entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que han dejado un saldo de al menos 71 muertos y unas 55.000 personas desplazadas.
DCN/Agencias