Noboa confirma su decisión de ceder la Presidencia de Ecuador a su «vicepresidenta encargada»

El Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, mantiene la designación de Cynthia Gellibert como «vicepresidenta encargada», a pesar de que la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa medida. La Corte determinó que el único reemplazo legal para la presidencia debe ser la vicepresidenta, Verónica Abad, quien actualmente está en conflicto con Noboa.

En un comunicado, el Ministerio de Gobierno argumentó que los decretos que designan a Gellibert siguen vigentes, ya que no han sido específicamente revocados por el tribunal, el cual, según el Gobierno, ratificó su validez. Señalaron que Gellibert debería asumir la presidencia temporalmente en caso de ausencia de Noboa.

Además, la administración de Noboa insistió en que la «fuerza mayor» utilizada para delegar la presidencia en Gellibert es válida, aunque los jueces no evaluaron esa cuestión a fondo. Aclararon que para justificar la «fuerza mayor», se deben presentar pruebas concretas, más allá de declaraciones en un decreto.

El Gobierno reafirmó que Noboa no está obligado a pedir licencia durante su campaña electoral, como estipula la normativa ecuatoriana para autoridades que buscan reelección inmediata. Sin embargo, la Corte Constitucional no se pronunció sobre posibles infracciones electorales de Noboa, recordando que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es el encargado de esa evaluación.

Por su parte, Verónica Abad no ha emitido comentarios sobre la decisión del tribunal, aunque había calificado los decretos de Noboa como un «golpe de Estado». Además, había solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se aplicara la Carta Democrática Interamericana, argumentando que el orden constitucional estaba amenazado al no poder asumir la presidencia.

Abad ha denunciado una supuesta «actitud dictatorial» de Noboa y un acoso político para forzar su renuncia, respaldándose en acciones como su designación como embajadora y la posterior suspensión de cinco meses, la cual fue anulada por una jueza que ordenó su restitución.

El conflicto entre Noboa y Abad se intensificó durante la campaña electoral de 2023, y ha dado lugar a múltiples litigios en diferentes instancias judiciales, incluyendo demandas de violencia política de género que deberán ser evaluadas por el TCE, el cual tiene la capacidad de sancionar dichas conductas.

DCN/Agencias

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