Organizaciones de venezolanos en Estados Unidos han expresado su rechazo a la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para su población, anunciada por el Gobierno de Trump. Este cambio implica que los inmigrantes venezolanos serán tratados de la misma manera que aquellos con antecedentes delictivos.
Patricia Andrade, activista de Venezuela Awareness, señaló que la mayoría de los venezolanos son trabajadores que han contribuido a la sociedad estadounidense. Andrade admitió la necesidad de expulsar a quienes han violado la ley, aunque especificó que representa menos del 1% de la comunidad venezolana en el país. Además, subrayó que la migración no es una decisión voluntaria, sino una consecuencia de la crisis política y humanitaria en Venezuela.
El miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, confirmó la revocación de la extensión del TPS, que originalmente había sido aprobada por la administración Biden hasta octubre de 2026. La actual prórroga del TPS, vigente hasta el 10 de septiembre de 2025, protege a más de 600.000 venezolanos de la deportación.
José Antonio Colina, presidente de Venezolano Perseguidos Políticos en el exilio (Veppex), calificó de «grave» esta revocación, argumentando que refuerza al gobierno de Nicolás Maduro. Colina expresó su rechazo a que se stigmatice a todos los inmigrantes venezolanos como delincuentes, enfatizando que Venezuela es insegura tanto para sus habitantes como para quienes han huido del país.
Adelys Ferro, de la organización Venezuelan American Caucus, también lamentó la decisión del Gobierno de Trump. Recordó que, durante su campaña electoral, Trump había descalificado a los inmigrantes, incluyendo a los venezolanos, como criminales. Ferro destacó la incongruencia de la administración al criticar a Maduro mientras planea devolver a miles de venezolanos a la crisis que ellos mismos han denunciado.
El Departamento de Seguridad Nacional, bajo Biden, había justificado la extensión del TPS por la grave situación humanitaria en Venezuela, donde millones de ciudadanos han tenido que salir en busca de mejores oportunidades. Según ACNUR, más de 7,7 millones de personas han abandonado el país, marcando así la mayor crisis de desplazamiento en América Latina.
DCN/Agencias