Un enfrentamiento armado ocurrido en el Catatumbo colombiano el 16 de enero dejó un saldo inicial de 25 muertos, cifra que luego se elevó a 30, según reportes de Radio Caracol Radio. La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que el conflicto tuvo lugar en esta región noroeste de Colombia y confirmó que cinco de las víctimas eran firmantes del acuerdo de paz de 2016, lo que agrava la situación de inseguridad para los excombatientes.
Marín indicó en su cuenta de X que “más de 30 personas muertas” fueron reportadas, además de al menos 10 heridos. El Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) corroboró la muerte de los cinco firmantes de paz, señalando la gravedad de la situación. Durante el enfrentamiento, se supo que niños y personas con discapacidades graves no pudieron huir, y se mencionaron casos de “secuestros”.
Como resultado de esta ola de violencia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el fin del proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), calificando los hechos como un “crimen de guerra”. En redes sociales circularon imágenes de residentes intentando escapar de la zona del conflicto.
Andrey Avendaño, jefe guerrillero del Estado Mayor Central (disidencias de las FARC), afirmó que el ELN había decidido atacar a sus unidades, acusándolo además de matar a civiles desarmados.
El Gobierno colombiano exigió al ELN un cese inmediato de los ataques y el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La región del Catatumbo, en Norte de Santander, es conocida por su pobreza y montañas, y limita con Venezuela. Allí operan diversas guerrillas y bandas que luchan por el control de cultivos de coca y rutas de narcotráfico.
Los desmovilizados agrupados en el partido Comunes también se manifestaron pidiendo al gobierno de Petro garantías para la vida de aquellos que optaron por dejar las armas.
DCN/Agencias