Brasil intenta continuar con la «Operación Acogida» en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, a pesar del recorte en programas de asistencia humanitaria decidido por la administración Trump. No obstante, su efectividad se ve afectada, según un reporte de GloboNews del 28 de enero.
El periodista uruguayo Víctor Rodríguez también informó en su cuenta de X, el mismo día, que los migrantes venezolanos en la frontera con Brasil están enfrentando consecuencias tras la suspensión de actividades de organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Cáritas, que recibirán menos financiamiento por parte de Estados Unidos durante los próximos 90 días.
La «Operación Acogida», que cuenta con la participación de las fuerzas armadas brasileñas y diversos organismos, es uno de los programas más impactados por esta suspensión. Esta operación, que se realiza principalmente en Roraima, paraliza varios servicios esenciales como vacunación, regularización migratoria, atención a menores no acompañados y la reubicación de refugiados a otros estados de Brasil.
GloboNews reporta que un punto de atención en Boa Vista, anteriormente gestionado por Cáritas y que ofrecía servicios de hidratación e higiene, está cerrado indefinidamente, afectando tanto a migrantes como a personas en situación de calle. Fotografías del lugar muestran a personas esperando información en la acera; la misma situación se presenta en otros puntos de Cáritas en Boa Vista y Pacaraima.
Cáritas, que atendió a aproximadamente 50 mil personas el año pasado, indicó que mantiene diálogos con el gobierno estadounidense y otras organizaciones para mitigar el impacto de la ausencia de las agencias de la ONU en la logística y gestión de refugios de la «Operación Acogida».
El Comando de la Fuerza de Tarea Logística Humanitaria, encargado de la operación, también expresó su compromiso de mantener servicios esenciales, aunque reconoció que la presión financiera será considerable. Expertos advierten que la falta de respaldo por parte de la OIM podría disminuir significativamente la capacidad de atención a migrantes, lo que podría incrementar la presión migratoria hacia países vecinos como Colombia y Perú.
DCN/Agencias