La CIDH señala a Chile por presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad Mapuche.
Corte Interamericana responsabiliza a Chile por violaciones a derechos humanos en caso mapuche
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el 21 de noviembre al Estado chileno responsable de violaciones a los derechos humanos en un proceso penal que involucró a 135 personas de la etnia mapuche, acusadas de usurpación de tierras y asociación ilícita durante protestas pacíficas en 1992.
En un comunicado divulgado en su cuenta de la red social X, la CIDH afirmó que “Chile es responsable internacionalmente por la violación de distintos derechos en el marco del proceso penal seguido contra miembros del pueblo mapuche que efectuaron actos de protesta pacífica”.
El órgano judicial determinó que la sentencia de marzo de 1993 contra el Consejo de Todas las Tierras, la agrupación que lideró las manifestaciones, estuvo marcada por “un sesgo discriminatorio, prejuicios y una idea preconcebida sobre el carácter ilegítimo de la protesta”. La CIDH indicó que se prohibió la divulgación de información del caso, no se proporcionó un traductor a un acusado que no hablaba español, y dos personas no acusadas fueron condenadas. Asimismo, se aplicó el tipo penal de asociación ilícita, cuya regulación en ese momento no definía claramente la conducta reprimida.
El tribunal concluyó que el proceso penal configuró la criminalización de los actos de protesta social pacífica realizados por las víctimas y vulneró derechos como la presunción de inocencia, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libre determinación de los pueblos indígenas.
La CIDH ordenó al Estado implementar varias medidas de reparación, como anular la sentencia condenatoria y eliminar antecedentes penales relacionados con el caso. El Consejo de Todas las Tierras había liderado protestas entre el 16 y el 20 de junio de 1992 en las regiones de Biobío y La Araucanía, donde residen importantes comunidades indígenas. Las condenas impuestas a los acusados variaron desde multas hasta penas de hasta tres años y nueve meses de prisión.
DCN/Agencias