Reino Unido, UE y 10 países más se pronuncia en contra de la inhabilitación de María Corina Machado

La Unión Europea (UE, conjunto de 27 naciones) y un total de 10 países occidentales, en su mayoría americanos, se han pronunciado en rechazo a la inhabilitación política de María Corina Machado, luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la sentencia que le impide ejercer cargos públicos a la candidata opositora, hasta el 2039.

El cumplimiento del Acuerdo de Barbados y la garantía de elecciones presidenciales justas, transparentes y competitivas son la principal inquietud de estos Gobiernos, que hacen un llamado de atención al Estado venezolano para que revierta el fallo contra la líder unitaria.

Josep Borrell, portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, comentó que la sentencia a Machado «socava» la posibilidad de elecciones libres, más considera de importancia mantener las negociaciones entre el oficialismo y oposición

«La UE pide la plena implementación del Acuerdo de Barbados y la continuación de un proceso de diálogo inclusivo que pueda conducir a unas elecciones justas y competitivas en 2024. Por tanto, nos alegramos de la decisión de las partes en el proceso de negociación liderado por Venezuela de permanecer en la mesa de negociación», afirmó el portavoz.

Reino Unido, país europeo más no perteneciente a la Unión, se pronunció a través de David Rutley, subsecretario de Estado del Parlamento del Reino Unido para las Américas y el Caribe.

Él mismo, a través de su cuenta en X/Twitter, detalló que «la inhabilitación de María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales es un paso atrás para la democracia venezolana».

«Hacemos un llamado al respeto de los derechos humanos y la liberación de todos aquellos injustamente detenidos. El pueblo venezolano merece una elección justa y competitiva», expuso.

Estados Unidos, como principal promotor del diálogo en Barbados y que realiza un proceso de negociación interno con el oficialismo (en Doha, Qatar), aumentó su presión a la nación suramericana  luego del fallo del TSJ.

La administración de Biden advirtió este lunes al Gobierno de Venezuela que tiene como fecha límite el mes de abril para quitar las inhabilitaciones a opositores y liberar a los presos políticos, de lo contrario serán tomadas medidas en consecuencia.

“Tienen hasta abril. Necesitan tomar las decisiones correctas y permitir que los miembros de la oposición se postulen para cargos públicos y liberar a los presos políticos que tienen retenidos”, asegura Kirby sobre retomar las sanciones al país.

La primera de estas sentencias no se hizo esperar. La noche de este sábado, reimpuso las sanciones a la empresa minera Minerven, lo cual le impide a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de EE. UU. negociar con esta compañía estadal venezolana.

La cancillería de Panamá emitió un breve comunicado a través de X/Twitter la noche de este lunes para manifestar su desacuerdo con lo decidido por el TSJ.

“Hacemos un llamado a propiciar las condiciones para unas elecciones presidenciales libres, transparentes y con la más amplia participación de los venezolanos. Observamos con especial atención que se privilegie el bienestar de los venezolanos y la estabilidad social de su país”, se expresa en el breve comunicado.

Costa Rica, Ecuador y República Dominicana realizaron un pronunciamiento conjunto como parte de la Alianza Para el Desarrollo en Democracia (ADD). En el mismo, «reiteran su rechazo a esta medida (inhabilitación) que atenta contra la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos».

«La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, y se debe asegurar la participación de la persona electa por la mayoría de sus ciudadanos en las Primarias de octubre de 2023. Se rechaza así mismo, la inhabilitación por 15 años del político y abogado venezolano, Henrique Capriles», detalló la ADD.

Guatemala, liderada por un nuevo presidente de izquierda, Bernardo Arévalo, expresa que «lamenta la confirmación del Tribunal Supremo de ese país de inhabilitar por 15 años para ejercer funciones públicas a la líder de la oposición y ganadora de las elecciones primarias de octubre de 2023, María Corina Machado».

Argentina, Uruguay y Paraguay expresaron mutuamente «preocupación» por el desarrollo de la política en el país caribeño.

«El Gobierno argentino sigue con preocupación la situación política en Venezuela y lamenta la decisión de inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas a la principal líder de la oposición y ganadora de las primarias, María Corina Machado». En la misma tónica se expresó su país vecino: «Uruguay observa con gran preocupación estas inhabilitaciones judiciales de opositores políticos para ocupar cargos electivos o públicos».

A la par, el Gobierno de Chile expresó su «preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país”, precisó el texto.

El Ejecutivo “valoró la propuesta de Noruega de conformar a la mayor brevedad una comisión de seguimiento y verificación de los Acuerdos de Barbados, que apuntan precisamente a garantizar un proceso de elecciones abiertas, democráticas y transparentes”.

A la fecha, países aliados de Venezuela como México, Colombia y Brasil no han realizado pronunciamiento alguno.

Comunicado del Gobierno del Paraguay. pic.twitter.com/JCImhjH1EU

— Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) January 28, 2024

 

 

 

Con información de Versión Final.