La CIDH condena inhabilitaciones y persecución política en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación de los candidatos opositores y de quienes manifiestan para exigir derechos en Venezuela.

«El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos, así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica», indicó.

La CIDH condena inhabilitaciones

El 30 de junio de 2023 se dio a conocer que Contraloría General de la República tiene inhabilitada a la candidata opositora María Corina Machado para ejercer cargos públicos.

A esta inhabilitación se suman otras de dirigentes opositores que aspiran a la Presidencia de la República, como Henrique Capriles y Freddy Superlano.

La CIDH mencionó que ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución.

La organización Defiende Venezuela expuso en una nota de prensa: «Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuesta mediante una condena en el marco de un proceso penal».

Detenidos en protestas

Agregó que la CIDH también mostró especial preocupación por la detención arbitraria de tres sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el 11 de junio, durante una protesta para reivindicar derechos laborales.

«Según lo informado por organizaciones de la sociedad civil, en lo que va del año más de 20 personas trabajadoras fueron detenidas en circunstancias parecidas, siendo sometidas a regímenes de presentación periódica ante tribunales y en algunos casos imputados por delitos como instigación al odio», indicó la ONG.

Y afirmó: «Las inhabilitaciones administrativas de personas candidatas opositoras y la detención arbitraria de sindicalistas no son hechos aislados, resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país».

Refirió que la CIDH consideró que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio que tienen las sociedades democráticas para garantizar los demás derechos.

La CIDH afirmó, siempre según la nota de Defiende Venezuela, que resulta urgente que el Estado de Venezuela adopte un compromiso genuino con la democracia y el Estado de derecho, levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política en condiciones de igualdad.

Sociedad civil

La presidenta y fundadora de Defiende Venezuela, Génesis Dávila, afirmó: “El papel de la sociedad civil en Venezuela es fundamental, no solo como plataforma de documentación, incidencia y denuncia, sino también como un aliado estratégico para los ciudadanos que reclaman un país donde se preserve el respeto los derechos humanos y donde todos los actores políticos, sociales y económicos puedan converger para la promoción y defensa de la democracia».

Al respecto, consideró alarmantes las declaraciones de altos funcionarios del partido de gobierno que, dijo, evidencian ataques directos hacia los sectores opositores y se les acusa de desestabilizar y engañar a la población.

«Cabe recordar que el hostigamiento hacia quienes se oponen al partido oficial representa una violación a los derechos humanos de los venezolanos que tienen derecho a elegir libremente a quienes tendrán la responsabilidad de dirigir a la nación», dijo la activista.

Insistió en que las organizaciones no gubernamentales se mantendrán alerta sobre ello y ejecutarán las tareas de documentación, denuncia e incidencia que sean necesarias para defender el derecho de los ciudadanos a ejercer libremente su papel dentro de la democracia.

Con información de El Nacional