Avanza el Gobierno en su proyecto de Estado Comunal. Por Aníbal Sánchez

Después de conocida la propuesta presidencial de “avanzar en la construcción del Estado Comunal” lo que se traducía en la reforma de Leyes y Proyectos de las normas que regulan el Poder Popular,

Este Jueves 17 de Noviembre llega a plenaria de la Asamblea Nacional los primeros informes de este grupo de leyes, reportó el Analista Político y Diputado Aníbal Sánchez al revisar el objeto de la Ley de Consejos Comunales, destaca que “se les considera como entidad territorial”
Una instancia que en repetida oportunidades se ha criticado al considerarse inconstitucional, pretenden con una ley darle una configuración de “entidad territorial del llamado gobierno comunal, para la participación ciudadana Y ejercicio de su soberanía”
Aunque con su mayoría calificada, pasan al siguiente paso en la formulación de la nueva Ley, el bloque de la Alianza Democrática dio un debate y fijó postura, “así debe hacerlo la colectividad en la etapa de consulta pública”
Deben de conocer que esta nueva norma define a los Consejos Comunales (CC) dentro del marco constitucional de una forma de participación protagónica “instancia o entidad federal” que no existe asevera Sánchez, “que busca articular e integrar ciudadanos y organizaciones comunitarias” de manera que interactúen con los poderes públicos
“Queda atrás lo que está en los libros el Estado Venezolano se conforma por 24 entidades federales, y 335 municipios” Los espacios o foros ciudadanos denominados Consejos Comunales, se regirán de acuerdo a la voluntad de su Asamblea de Ciudadanos que como otros espacios democráticos se tomarán las decisiones “las cuales tienen carácter vinculante incluso ante otros entes públicos”
El artículo número 5 de esta reforma, concibe a los Consejos Comunales como entidades ‘autónomas’ que definen su propio organización, administración y gobierno, sus funciones serán ejercidas de manera concurrente de las demás instancias de los poderes públicos. “De los cuales los vecinos y electores esperan sus manifestaciones, sobre el texto”
Los aspectos de elección de voceros y otras instancias está más explícita en esta nueva Ley, acotó el parlamentario en su análisis; solo como ejemplo al momento de que el equipo promotor convoca a la Asamblea  Constituyente la misma se hace 30 días después a partir del censo demográfico, de no lograr el quórum del 40% en siete días se convoca segunda para que asista un mínimo de 20% de no ser así en la tercera se toman decisiones con al menos el 10%.
Esta asamblea constituyente, debe definir un cronograma de elecciones, para un proceso que debe ser universal, directa y secreto, no queda claro el sistema a utilizar, pero podrán solicitar asistencia al CNE para el proceso.
Los voceros de los CC, durarán tres años en sus funciones las cuales deben desarrollarse en un espíritu unitario y de interés colectivo; podrán reelegirse en sus cargos. Las instancias de estos entes del poder popular, será la Asamblea, la unidad coordinadora, la unidad ejecutiva, la unidad administrativa, la de Contraloría Social “por cierto destaca el parlamentario que esta instancia será regulada por otra ley” discutida el mismo día.
Algo adicional que ocasionará críticas, es que los CC manejaran los recursos de acuerdo a lo establecido en el artículo 37, como son los productos de transferencias, donaciones; pero están los que son producto de administración de servicios y por situado constitucional.
Agregó el parlamentario en sus redes sociales @ofAnibalSanchez “la nueva ley de Contraloría Social en su objeto queda establecido que es una actuación del Poder Popular para la vigilancia, supervisión y evaluación de la gestión pública”
La misma la enmarcan los proponentes dentro de los principios de corresponsabilidad y es visualizada como una función compartida entre los ciudadanos y los entes del poder público; para garantizar mayor transparencia, y disminución de la corrupción o actos burocráticos.
Esta actividad se ejercerá de manera individual o colectiva sobre todas las actividades de gestión o inversión pública, se articulará desde las organizaciones del poder popular y este proyecto de ley deja claro de quién es la potestad así como los instrumentos a utilizar.
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