Ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, familias marcadas por la letalidad

Han transcurrido cinco años y en la casa de Ana parece que el tiempo no pasó. En el pasillo sigue intacta la marca del disparo de un policía que convirtió a su hijo, una noche de 2017, en uno de los 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Venezuela desde 2012 hasta julio de este año, según la ONG Cofavic.

Desde entonces a Ana -nombre ficticio de esta madre que prefiere mantenerse en el anonimato- le ha tocado «vivir con la pena» a cuestas.

Cada jueves en la noche revive el momento en el que funcionarios policiales irrumpieron en su vivienda, en una barriada caraqueña, y la obligaron a subir a la segunda planta de la casa para quedarse ellos a solas con su hijo de 23 años de edad, a quien torturaron y asesinaron, mientras ella y su familia lo escuchaban todo, según su relato.

«Yo no tengo tanto miedo por mí, sino miedo por mis hermanos (…) a los que vivimos en barrio nos consideran que todos somos unos delincuentes. Pero no, aquí en los barrios también se levanta gente profesional y gente buena», recordó a Efe esta mujer que teme por los suyos.

Ahora sus días transcurren entre su trabajo como comerciante informal, con el que ayuda a los tres nietos que le dejó su hijo, sus visitas constantes a los tribunales o a la Fiscalía para insistir en que se investigue la muerte de su familiar y reuniones ocasionales en las que recibe el abrazo de otras mujeres que vivieron situaciones similares.

Solo en Caracas, el Monitor de Víctimas, otra organización de registro de homicidios y Ejecuciones extrajudiciales, ha contabilizado 1.013 asesinatos a manos de la policía desde 2017, cifra que -creen- está por debajo de la real, pues muchos de estos sucesos son reseñados como enfrentamientos o resistencia a la autoridad.

«No es nada más la cifra, no es nada más el número de la persona que se asesinó, sino también la familia que queda detrás de esto», explicó Sofía Cardona, psicóloga y parte del programa Voces Visibles del que Ana forma parte y con el que la ONG Mi Convive se propuso hacer acompañamiento psicosocial y formar a familiares de las víctimas de la «letalidad policial».

La idea es apoyar a las personas «que siguen aquí y que siguen luchando» tras la pérdida de sus familiares, indicó la especialista.

En Venezuela, las presuntas violaciones de los derechos humanos son materia de investigación por la Misión Internacional de la ONU, que aseguró que las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde septiembre de 2020 hasta la presentación de su segundo informe, en marzo de 2021.

Amnistía Internacional ha advertido que en la nación se mantiene una «política de represión» aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, y se registraron, según su informe 2021, nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles.

Prohibido olvidar

El apoyo a las familias de las víctimas es una prioridad, dijo a Efe Isabel Salaverria, otra de las líderes de este incipiente programa de acompañamiento que ya funciona en al menos 8 parroquias de Caracas y atiende a un promedio de 25 mujeres cuyos hijos, padres o esposos fueron asesinados a manos de cuerpos de seguridad del Estado.

«Son personas que se encuentran no solo con el trauma, sino con la falta de una red de apoyo, de un espacio donde conversarlo de manera libre, donde haya un discurso de respeto a la vida», apuntó Salaverria. Agregó que eso es lo que tratan de proporcionar en su programa.

Por eso, a su ritmo y por sus propios medios, estos familiares se van sumando y fomentando actividades que les permiten encontrar mecanismos para enfrentar el miedo que les dejaron las circunstancias de estas pérdidas.

Con ellos, Ana trata de tejer ese apoyo que necesita para sanar, pero lo hace sin olvidar que la reparación y la justicia son parte del proceso.

«Eso no se puede olvidar. Eso duele más que parir un hijo; perder un hijo duele más que parirlo y eso me pasó a mí», expresa entre sollozos para tratar de explicar su pena.

Con dolor afirma que su hijo «estaba en malos pasos», pero recuerda que en Venezuela no existe la pena de muerte y que su muchacho, como otros, merecía ser juzgado en los tribunales.

«Aquí no hay pena de muerte, ellos primero tenían que enjuiciarlo y decidir si era culpable o no era culpable, no tomar una decisión drástica así como así», enfatizó.

Con información de EFE / El Nacional