Más de 1.600 adolescentes salvadoreños detenidos durante el régimen de excepción

Las fuerzas de seguridad de El Salvador han detenido a más de 1.600 adolescentes durante el régimen de excepción, vigente desde finales de marzo pasado, según informó el Estado a la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Un informe enviado a finales de julio, al que Efe tuvo acceso mediante una base de datos de comunicaciones de la Acnudh, consigna que entre el 27 de marzo y el 16 de junio ingresaron a los centros de detención de menores un total de 1.624 adolescentes.

Los datos anexados, que corresponden al Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), indican que se trata de 1.359 adolescentes hombres y 266 mujeres.

En el mismo período, el documento hecho público por la Acnudh apunta que se registraron 578 salidas de los Centros de Integración Social y Resguardo, sin precisar si se trata de adolescentes detenidos durante el régimen de excepción y que recuperaron su libertad o de menores que habían sido detenidos antes.

Según las autoridades de seguridad salvadoreñas, desde que la Asamblea Legislativa aprobó y entró en vigencia la suspensión de garantías constitucionales se han detenido a más de 49.000 personas.

Este informe fue emitido por el Estado salvadoreño en respuesta a las «alegaciones de presuntas violaciones de derechos humanos o el posible riesgo de ellas en el marco del régimen de excepción y reformas a la legislación penal».

DETENCIONES SIN NECESIDAD DE ORDEN

El régimen de excepción es una medida que fue aprobada para controlar una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en 3 días y fue atribuida a la «maras».

Las autoridades afirman que todos los detenidos pertenecen a las pandillas o tienen alguna relación con estas bandas, a pesar de las miles de denuncias de detenciones arbitrarias que han recogido organizaciones humanitarias.

El informe del Estado salvadoreño señala que supuestamente ha tomado medidas para evitar este tipo de detenciones y que ha generado un Plan General de Supervisión y un «decálogo sobre el uso de la fuerza».

Sin embargo, remarcó que para realizar la detenciones de supuestos pandilleros no se necesita de una orden judicial o administrativa, dado que existe un estado de «flagrancia permanente».

NO SE INVESTIGAN CASOS DE TORTURA

El documento, en lo relacionado a las denuncias de detección arbitraria y tortura, señala escuetamente que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no ha conocido ningún caso de investigación judicial o administrativa.

«La PDDH no ha conocido información sobre la existencia o no de investigaciones judiciales o administrativas sobre detenciones arbitrarias, tortura, u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes contra personas acusadas de delitos penales bajo custodia», indica el texto.

Agrega que esta institución «ha abierto un expediente en el cual se registran todos los casos denunciados sobre restricciones al derecho a la libertad e integridad personal».

OMBUDSMAN Y DATOS DE ONG

Diversas organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales han recabado miles de denuncias sobre posibles violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, las que la PDDH, encabezada por Apolonio Tobar, cuestiona.

El informe consigna que las organizaciones «han generado sus propios observatorios y centros de registro de denuncias, consecuentemente han generado reportes, informes y conferencias de prensa donde presentan su perspectiva sobre la ejecución del régimen de excepción».

La PDDH señala que «alguna de esa información presentada ha sido imprecisa y por tanto controvertible desde la Procuraduría» y agrega que las «organizaciones sociales no cuentan» con «medios de verificación».

El informe del Estado salvadoreño se dio en respuesta a una «Comunicación Conjunta de los Procedimientos Especiales» del 1 de junio pasado de los grupos de trabajo sobre Detención Arbitraria, Desapariciones Forzadas o Involuntarias, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, entre otras instancias de la ONU.

Con información de Agencias EFE