«Doy gracias a Dios que ese video se filtró”: Madre del joven asesinado en Carúpano por funcionarios del CICPC

La madre de  Daniel Alejandro Lezama Ramírezse armó de valor para explicar lo que hicieron los señalados de cometer el homicidio para trastocar la escena del crimen.

Se refirió, con firmeza, al inspector jefe Jorge Luis Duggarte Rodríguez, inspector agregado Julio César Isava Espinoza, inspector Maikel Enrique Malaver Hernández, detective jefe William Jesús Belisario, detective agregado Yoel Jesús Colmenárez Freítez y detective agregado Cristender Javier González.

La progenitora de Daniel Alejandro contó en una entrevista con El Pitazo que hay varios acontecimientos que sucedieron durante y después del homicidio de su hijo que no están claros y que deben conocerse, porque para ella, los funcionarios actuaron con ensañamiento.

Lo primero a lo que hizo referencia es que pasaron cuatro horas para que se conociera de la muerte de Daniel Alejandro. En el certificado de defunción se establece que ocurrió antes de la 1:30 pm.

“Si a mi hijo lo mataron entre la 1:00 y la 1:30 pm y la noticia empezó a correr pasadas las 4:00 pm, ¿qué hicieron los funcionarios durante todo ese tiempo con mi hijo? Pasaron unas cuatro horas para notificar lo sucedido”, aseguró.

Alegó, además, que a los 6 Cicpc involucrados les dio tiempo de simular que el hecho obedecía a un robo frustrado. “Nos hemos enterado que ellos mismos le habían puesto una pistola, una 9 milímetros. Habían armado todo un parapeto para hacer parecer que Daniel había llegado a ese lugar para robar”.

Otras de las irregularidades en el procedimiento a las que hace referencia Ramírez es que los mismos funcionarios se encargaron de realizar las pesquisas. “Se llevaron los videos, se los pidieron a los dueños, pero uno logró filtrarse y con ello salió la verdad a la luz. Sino mi hijo hubiese quedado como un vil delincuente”.

De igual forma, precisó que nunca hubo un resguardo de la escenadonde ocurrió el crimen, y el lugar permaneció abierto al público, pese a lo que había ocurrido.

Asimismo, afirmó que a Daniel Alejandro no le dieron opciones de defender ni de explicar nada. “Si lo vieron de forma sospechosa como dicen ellos, debieron darle la voz de alto o revisarlo. Debieron ver si realmente estaba armado, pero no, ellos no le dieron a Daniel opción de nada. De absolutamente nada”.

La madre reiteró que su hijo nunca tuvo problemas con la ley. No portaba ni tenía armas. Daniel recibió un disparo mortal en el pecho. Fue de entrada y salida, pero le perforó el pulmón y causó un daño irreparable. Testigos del hecho afirmaron a los allegados de la víctima que sólo se escuchó una detonación. Todo ocurrió en presencia de empleados y otros clientes del restaurante.

“Fue una injusticia que se cometió desde todo punto de vista, y yo no voy a descansar hasta que sean condenados y con la pena máxima. Eso no me va a devolver a mi hijo, pero por lo menos que se haga justicia, porque acabaron con la vida de un joven con aspiraciones y con un futuro por delante, que deja un hijo de cinco años. Aquí dejaron también a una madre destrozada. A sus abuelos, tíos, a sus primos. Daniel tenía familia y vamos luchar hasta lo último para que no sea otro crimen que quede impune”, aseveró.

Ramírez confirmó que por el caso, según la información que le fue aportada por la fiscalía octava del Ministerio Público, con competencia en derechos fundamental, sí fueron imputados los seis funcionarios que de inicio fueron señalados como partícipes.

Todos fueron presentados el pasado sábado, 9 de abril, y privados de libertad por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma de fuego y simulación de hecho punible. Ahora están recluidos en la sede del Cicpc-Carúpano.

«Doy gracias a Dios que ese video se filtró”.

Ramírez está segura de que si las imágenes no hubiesen salido a la luz pública y si no se hubiesen hecho virales, su hijo de 20 años habría quedado ante la colectividad como un delincuente, su asesinato sería calificado como un enfrentamiento o como un caso de “resistencia a la autoridad” y nadie sería responsable del crimen, ni pagado penalmente por su muerte.

 

Con información de El Pitazo.

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