Declarar estado de excepción en la frontera de Bolivia y Chile ha creado un caos de migrantes

Un día después de que el Gobierno chileno anunciara el «estado de excepción» en varias localidades fronterizas del norte y la puesta en marcha de la nueva Ley de Migraciones, la confusión y el descontento aumentaron entre los extranjeros que arribaron a los pasos fronterizos con Bolivia.

En la víspera, el Gobierno anunció la entrada en vigor del reglamento de la nueva Ley de Migraciones, promovida por el conservador Sebastián Piñera para endurecer las fronteras.

Además, decretó «estado de excepción», un régimen que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas, en cuatro provincias: Tamarugal, El Loa, Arica y Parinacota, en la frontera de Chile con Bolivia y Perú, al norte.

Estas medidas se tomaron tras dos jornadas de paros y huelgas de camioneros que exigían más seguridad en las carreteras y el freno de la migración por pasos clandestinos tras la muerte el jueves de un transportista durante una supuesta confrontación con un grupo de extranjeros.

Decenas de migrantes expresaron que las autoridades policiales los orientaron este domingo a realizar un proceso de autodenuncia, donde, en caso de resultar con antecedentes, serían devueltos al país vecino.

Sin embargo, en horas de la mañana, el complejo fronterizo de Colchane cerró sus puertas desencadenando una manifestación de parte de familias y viajeros que pasaron la noche a la intemperie pese a contar con un test PCR.

En estas provincias y otras zonas del norte de Chile existe desde hace meses una fuerte crisis migratoria con la llegada masiva de personas indocumentadas y la celebración de huelgas contra la migración, paros de camioneros y ataques xenófobos.

En total hay 1,4 millones de migrantes en el país latinoamericano, lo que equivale a más del 7% de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

En paralelo, y a través de un comunicado, los gobernadores de Arica, Tarapacá y Antofagasta, las tres regiones más septentrionales, emplazaron al ministro Delgado a concretar otro de los anuncios: el aumento de las policías y los recursos e infraestructura prometidos para combatir la delincuencia.

«Exigimos que el Gobierno resuelva de manera seria y responsable este conflicto, implementando de manera urgente las medidas anunciadas», sentenciaron.

El estado de excepción está pendiente todavía de ser decretado oficialmente por el presidente, algo que se presume podría suceder la próxima semana.

Con información de La Verdad.