Justicia española aplazó la extradición de Adrián Velásquez, exguardaespaldas de Hugo Chávez

La Justicia española aplazó la vista prevista este jueves para decidir sobre la extradición de Adrián Velásquez, exguardaespaldas de Hugo Chávez. Estados Unidos lo solicitó por supuesto delito de blanqueo de capitales, informaron fuentes judiciales.

La Audiencia Nacional española estimó de esta forma la petición del nuevo abogado de Velásquez, quien alegó que necesita tiempo para estudiar el procedimiento.

La Fiscalía emitió un informe en el que apoya la petición de Estados Unidos de entregar a Velásquez, quien fue detenido en diciembre de 2020 en España junto con su pareja, Claudia Patricia Díaz, que fue tesorera nacional de Venezuela.

Estados Unidos reclama a Velásquez como presunto autor de un delito de asociación delictiva para cometer lavado de dinero. Esto es equivalente en España al blanqueo de capitales, a través de una de una organización, según explica la Fiscalía en el escrito en el que apoya la entrega.

Argumenta que se cumplen los requisitos como no existir motivación política tras la reclamación o no estar el delito prescrito. Además de que los hechos se habrían cometido presuntamente en Estados Unidos y no son investigados en España, donde también existen pesquisas sobre supuestas tramas de lavado de dinero relacionadas con la petrolera estatal de Venezuela Pdvsa.

¿POR QUÉ SOLICITAN A VELÁSQUEZ EN ESTADOS UNIDOS?

El fiscal reproduce en su escrito el relato de hechos aportado por las autoridades estadounidenses contra Velásquez; cuyo proceso de extradición es independiente al de su esposa, quien también fue enfermera de Chávez.

Hace dos años, la Audiencia Nacional española rechazó entregarlos a ambos a Venezuela; consideró que la situación que atraviesa el país podría poner en peligro su integridad. Ahora están reclamados por Estados Unidos por su presunta vinculación con una «estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el Gobierno venezolano» desde 2008 hasta 2017.

Según la acusación, Raúl Gorrín, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, «ofrecía, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales (…) a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables».

Sospecha que pagó presuntamente millones de dólares a los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Patricia Díaz, y a Velásquez, en beneficio de ella.

Para ocultar los pagos Gorrín utilizó cuentas de empresas ficticias. Pero siempre según el relato de la acusación que consta en la documentación enviada por Estados Unidos, que afirma que entre 2011 y 2013 ordenó pagos «de por lo menos 65 millones de dólares», y que «también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos».

El empresario, al que la Justicia estadounidense considera prófugo, residente en Venezuela; resultó acusado en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero».

Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue condenado a 10 años de prisión y, firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad. Por lo tanto, admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados «a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país».

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