En Nicaragua, una jueza ordenó este miércoles la detención de la líder opositora y aspirante a la presidencia Cristiana María Chamorro Barrios.
«La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este primero de junio en los juzgados capitalinos, en el cual también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada», explicó la jueza Karen Chavarría Morales, en una nota de prensa divulgada por el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega.
«Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia», agregó.
La jueza también ordenó el allanamiento de la vivienda de Chamorro Barrios, medida ejecutada por la Policía Nacional este mismo 2 de junio. Este allanamiento fue confirmado por los colaboradores de la opositora.
«Denunciamos: en este momento (mediodía, hora local) nos están confirmando que la Policía está entrando violentamente a la casa de Cristiana Chamorro», señaló la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Carlos Chamorro, hermano de la candidata y director del Confidencial –también atacado por el Ejecutivo en las últimas semanas– denunció asimismo el «allanamiento ilegal» de la vivienda de Cristiana: «(La) Policía orteguista ejecuta un allanamiento ilegal en la casa de mi hermana, precandidata presidencial, objeto de un proceso criminal persecutorio.
Nicaragua tiene previsto celebrar comicios el próximo 7 de noviembre. Con ellas, el actual mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección al cargo que ha ocupado ininterrumpidamente cuatro periodos –desde el año 2007.
Pero desde hace varias semanas, Chamorro Barrios es la aspirante mejor posicionada en las preferencias para las elecciones, según una encuesta de Gallup, que le calcula un 21% de los votos entre los opositores.
Un «bloqueo judicial» de su candidatura por «lavado de dinero»
Este allanamiento se produjo minutos antes de que la candidata diese una rueda de prensa para expresar su rechazo al bloqueo judicial de su candidatura presidencial, decidida el martes.
En efecto, el Ministerio Público de Nicaragua acusó ese día a Chamorro Barrios de varios delitos y solicitó así que la inhabilitaran para cargos públicos «por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal».
Se le acusa, a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de presuntamente «incumplir gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador».
Chamorro es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que derrotó al presidente Daniel Ortega en las elecciones de 1990, mientras que la Fundación Violeta es un referente de la defensa y la promoción de la libertad de prensa en Nicaragua.
Pero según el Ministerio de Gobernación, de la Fundación y «del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero». La Fiscalía también pidió medidas precautelares de retención migratoria para evitar que la acusada evada la investigación en su contra.
Sin embargo, la precandidata rechaza las acusaciones. El martes dijo que aún sin ser candidata, pretenden inhibir su participación en el proceso electoral. La oposición también ha alertado que las elecciones podrían ser fraudulentas, ya que este proceso judicial abierto podría impedir que participe en los comicios.
La Organización de los Estados Americanos expresó igualmente su rechazo al «proceso de inhabilitación de la candidatura política de Cristiana Chamorro». «Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles, y este nuevo atentado a la democracia verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como esta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral», señaló la Secretaría General de la OEA.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también afirmó este miércoles en un tweet que la posible inhabilitación de la candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro refleja el temor del mandatario de Nicaragua a unas elecciones «libres y justas», considerando además que los nicaragüenses se merecen «una democracia real».
Por otra parte, organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han acusado al Gobierno de Daniel Ortega de fabricar falsas acusaciones contra los opositores.
France24
