Van al menos doce figuras opositoras arrestadas en Nicaragua en las últimas semanas. Cinco durante el fin de semana, incluidos dos antiguos aliados del presidente Daniel Ortega –uno de ellos es el exvicecanciller Víctor Hugo–. Todos denuncian su persecución y detención policial como un ataque a la democracia.
No obstante, el Ejecutivo de Ortega no se defendió de los hechos hasta este domingo 13 de junio. A través de un comunicado, el Gobierno sandinista advirtió que asumirá «como un ataque frontal» a su soberanía cualquier intento «de socavar una investigación» contra los líderes opositores detenidos en apenas diez días, bajo la nueva Ley 1055.
Ello a pesar de que se trata de personas arrestadas por su oposición política. En concreto, cuatro eran hasta ahora aspirantes presidenciales y buscaban medirse en las urnas contra el mandatario, que se ha mantenido en el poder desde 2007.
Su Administración, en cambio, afirmó ser víctima de «un ataque implacable y sin precedentes (…) impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de derecha y figuras de oposición, financiados por Estados Unidos».
Ante el llamado de varios gobiernos y de la Organización de Estados Americanos (OEA) de poner fin a los arrestos de los adversarios políticos, el Gobierno nicaragüense calificó esa acción como una «injerencia» que exige cesar, ya que se entromete en sus asuntos internos.
Asimismo, pidió que sean levantadas las sanciones internacionales que, según dijo, en tiempos de pandemia de Covid-19 «elevan su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad».
La OEA abordará la ola de detenciones en Nicaragua
Aunque no es la primera vez que el Gobierno de Daniel Ortega ordena detenciones con tintes políticos, los recientes arrestos son vistos como una ola sin precedentes.
La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este martes una sesión para «abordar la situación en Nicaragua», a solicitud de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. La cita se desarrollará de manera virtual debido a la pandemia.
Justamente este lunes, el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se unió a la lista de líderes que se han pronunciado contra la redada de opositores.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la nación mexicana reprochó que dichas acciones se produjeron en el marco «del proceso electoral que tendrá lugar el 7 de noviembre próximo en el país».
Agregó que «México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al Gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos».
Entre los arrestados se destacan la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios y la política opositora con mayores posibilidades de ganar los comicios. El pasado 2 de junio la Policía allanó su vivienda y la dejó bajo arresto domiciliario, acusándola de supuesto lavado de dinero.
El 5 de junio, las autoridades detuvieron al también aspirante presidencial y exembajador en Washington, Arturo Cruz. Tres días después, los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro corrieron la misma suerte, señalados de presuntamente «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos».
France24 con EFE y medios locales
