¿Por qué la Observación Internacional? Por Freddy Piña

Los países democráticos han encontrado en la observación internacional una vía para garantizar la integridad de los procesos electorales, sobre todo en aquellos países donde el árbitro electoral no es garantía de imparcialidad de dichos procesos. En Venezuela, luego del referéndum revocatorio realizado en el año 2007, se ha generado una matriz de elevada desconfianza en el Consejo Nacional Electoral por su dudosa rectitud al permitir de manera reiterada la violación a las normas electorales por los agentes del régimen. El uso descarado de los bienes públicos a través de los diversos organismos de la Administración Pública Nacional, las políticas públicas como el Programa CLAP, el Carnet de la Patria y otras, los medios de comunicación oficiales y el uso de vehículos del Plan República para reclutar electores y llevarlos a votar en forma obligatoria y amenazante, ante la mirada complaciente del órgano rector de los procesos electorales, ha generado esa matriz de rechazo al CNE como garante de un proceso electoral integro. 

Los procesos electorales convocados por el CNE a partir del referéndum revocatorio del 2007, han originado una serie de dudas sobre la integridad de los mismos que han generado la perdida de la confianza por parte de la población en dicho ente. Así tenemos,

 1) El proceso electoral para elegir al presidente de la República el pasado del 14 de abril de 2103 estuvo plagado de irregularidades denunciadas por el entonces candidato Henrique Capriles, el ente rector hizo caso omiso a las denuncias y reclamos formulados por representantes de la oposición y Maduro fue proclamado Presidente a pesar de los  suficientes elementos que permiten dudar de la integridad de dicho proceso.

2) En el año 2015 se convocan para el 6 de diciembre las elecciones parlamentarias. La oposición fue unida y logró conquistar las 2/3 partes de los diputados y el CNE proclamó 112 Diputados de la oposición. Inmediatamente la Sala Electoral del TSJ suspendió la proclamación de los diputados del estado Amazonas y la representación parlamentaria de los Pueblos Indígenas, logrando con ello evitar que el Poder Legislativo funcionara con la mayoría calificada la cual en dichas elecciones el soberano había investido a los representantes de la oposición.

 3) La convocatoria de una Asamblea Constituyente promovida por Nicolás Maduro para torpedear la legítima Asamblea Nacional, debido a que no tenía control alguno sobre la misma. En relación a ese proceso aún no se conocen los resultados definitivos, a ello se agrega la denuncia formulada por la empresa Smarmatic, a cargo del sistema de voto electrónico empleado en dichos comicios, la cual denunció que «hubo manipulación del dato de participación”, lo que tuvo como consecuencia  que el régimen ordenara una persecución contra la directiva y empleados de dicha empresa. 

4) El proceso convocado de forma adelantada para elección de Presidente de la República, durante el periodo 2019-2024, que correspondía efectuarse de acuerdo a la Constitución Nacional en el mes de diciembre y el cual fue adelantado para el 20 de mayo de 2018,  violentando la legislación vigente a petición y conveniencia del régimen, una vez más el ente electoral obedeció sus órdenes. Por razones obvias las principales organizaciones políticas de oposición no participaron y el proceso se realizó sin obtener legitimidad alguna. 

5) Las elecciones regionales que correspondían efectuarse en el año 2016 se suspendieron y se realizaron en 2017 sin justificación alguna, violando una vez más el ordenamiento jurídico. Vale destacar que la Gobernación del estado Zulia, ganada por la oposición, le fue arrebatada por negarse el Gobernador electo juramentarse ante la írrita Asamblea Nacional Constituyente y no ante el ente natural para su juramentación como lo es el Consejo Legislativo del Estado.

6) Con la convocatoria a elecciones parlamentarias el 6D 2020 culminó, una sistemática violación de los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. El CNE y el régimen acordaron modificar las reglas del juego, aumentar el número de diputados violando la Constitución Nacional, utilizando el TSJ para confiscar las siglas de los partidos políticos a su dirigencia natural y transferirlas a sus aliados. Así se eligió una AN sin legitimidad, donde el porcentaje de participación electoral represento una de la más bajas de la era democrática de Venezuela en procesos similares a éste.

Todas esas arbitrariedades y violaciones a las normas mínimas de convivencia obligan a designar un árbitro electoral alejado de esas prácticas que han caracterizado al ente electoral durante los últimos 15 años, siendo necesario a extender las invitaciones a los observadores internacionales quienes son garantes de la integridad de los procesos electorales y así recuperar la confianza en el voto para que retorne la paz política y social a nuestra Venezuela.

La ONU a través de la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones señala “Las elecciones democráticas auténticas son una expresión de la soberanía, que pertenece al pueblo de un país, la libre expresión de cuya voluntad constituye la base de la autoridad y la legitimidad del gobierno. Los derechos de los ciudadanos a votar y a ser elegidos en elecciones democráticas auténticas celebradas periódicamente son derechos humanos internacionalmente reconocidos…..” 

Negarse a la participación de la observación internacional es clara demostración de que el proceso a desarrollarse tendrá lunares que impedirán la expresión autentica de los electores y no serán elecciones libres, justas y transparentes. Los principales actores políticos deben continuar con los esfuerzo para que conjuntamente con los países democráticos del mundo puedan lograr que Venezuela retorne al concierto de países democráticos y sus electores puedan votar y elegir.

Freddy Piña

@fpinariv