Elecciones Regionales y Locales. Por Freddy Pina

Entre  las principales conquistas de carácter político en el período democrático iniciado el 23 de enero de 1958  están  las elecciones para elegir Gobernadores y Alcaldes a través del voto universal, directo y secreto. Hasta 1989 los Gobernadores eran designados directamente a través de una terna que le presentaba el partido gobernante al presidente, en ocasiones, éste hacia caso omiso y lo seleccionaba entre sus amigos más allegados. En cuanto al Alcalde,  ésta figura no existía en el poder público municipal y constituyó otra conquista de la democracia.

El 3 de diciembre de 1989 se realizaron  las primeras elecciones para elegir directamente, en los estados y los municipios, a gobernadores y alcaldes a través del voto universal directo y secreto. Una justa convocatoria democrática donde el soberano participó para  elegir a sus gobernantes regionales y locales, sin lugar a dudas, un avance en la democratización de las instituciones políticas. El país se pintó de colores porque  además de AD y COPEI, los cuales habían ocupado todas las instancias de poder, surgieron nuevos actores como La Causa R y  el MAS, ganando las gobernaciones de los estados Bolívar y Aragua respectivamente.

De la consolidación de ese proceso de descentralización y elecciones regionales y locales surgieron los liderazgos de Oswaldo Álvarez Paz, Fernando Chumaceiro, Carlos Tablante, Andrés Velásquez, Henrique Salas Romer, Guillermo Call, Manuel Rosales, Francisco Arias Cárdenas, Henri Falcón, Enrique Mendoza y Henrique Capriles entre otros; quienes con su gestión,  se convirtieron en candidatos, algunos, para aspirar la primera magistratura nacional, lo cual fue posible porque el país tuvo un juego democrático libre, justo y transparente donde los liderazgos se sustentaban en el apoyo popular y no bajo la tutela del caudillo o pichón de dictador.

Con las elecciones de gobernadores y alcaldes, los estados y municipios escogieron libremente a sus autoridades regionales y locales y surgió una competencia de cómo hacerlo mejor para mantener la confianza de los ciudadanos y el liderazgo en su respectivo espacio geográfico, mejorando sustancialmente  la calidad de vida de su población.

Los nuevos gobernadores y alcaldes electos para lograr dotar a su estado o municipio de mejores servicios públicos se las ingeniaron para hacer más eficiente el gasto y generar nuevas fuentes de ingresos. Así, la lucha por desarrollar los principios constitucionales establecidos para la descentralización administrativa y la delimitación de  competencias entre el Poder Nacional y los estados, tomó gran protagonismo y se logró la promulgación de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos;  la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público y otros instrumentos jurídicos que tuvieron un gran impacto en los ingresos y la gestión de gobernadores y alcaldes. Estos instrumentos jurídicos permitieron un gran avance en la gestión pública regional y local, generándose cambios importantes en la gestión al asumir competencias en materia de vialidad, puertos, aeropuertos, seguridad (creando escuelas para las policías municipales). Los efectos de ese proceso de descentralización y transferencias de competencias propias de los gobiernos regionales y locales fueron notorios y así se recuperó la vialidad urbana e interurbana, los aeropuertos cambiaron radicalmente sus estructuras y servicios, e igualmente ocurrió en los puertos del país.

Los ingresos, producto de las transferencias de competencias del Poder Nacional a estados y municipios, transformaron la administración pública a nivel de gobernaciones y alcaldías y, éstas  se adaptaron y  lograron mayor eficiencia, surgiendo así los servicios desconcentrados de vialidad urbana, aseo urbano y domiciliario, servicio de recaudación de impuestos y tasas municipales, Institutos de puertos y aeropuertos, servicios regionales de salud y otros.

El año 2007 marcó un hito en nuestra reciente historia política, la primera derrota producida al régimen en la persona de su líder fundador constituyó una alarma para el grupo gobernante,  a partir de esa fecha se inició una campaña sistemática contra el derecho de votar y elegir, así como contra el sistema democrático; expresiones como: “aquí ganamos como sea”…, “no se harán más elecciones para perder”… pronunciadas por quien ocupa la primera magistratura del estado constituye un mensaje claro de la posición antidemocrática que asumió el régimen.

Las elecciones en Venezuela desde esa fecha han estado revestidas de un  brutal uso de los recursos del estado para favorecer al régimen, programas sociales como Mercal y el Programa CLAP, han sido utilizados para presionar a la población que no dispone de la alimentación básica para subsistir. El régimen utiliza el hambre como un aliado clave para ganar elecciones de una manera fraudulenta. El carnet de la patria es otro instrumento financiado con recursos del Estado para favorecer al régimen, en las elecciones del 20M 2018 el régimen ofreció  DIEZ MILLONES DE BOLIVARES a los que fueran a votar, en los centros de votación dispusieron de bolsas de comida, como mecanismo de presión para los que concurrieran a ejercer el voto; un entramado de corrupción y ventajismo, todo ello con la mirada complaciente del CNE.

Las elecciones en Venezuela dejaron de ser libres, justas y transparentes, desde entonces el estado de derecho se encuentra en minusvalía como consecuencia de la violación reiterada de nuestra Constitución Nacional. Para recuperar el estado democrático es necesario lograr un acuerdo extra constitucional con ayuda internacional, como testigos y garantes del acuerdo, en el cual se garantice a la población un cronograma electoral que incluya elecciones regionales, así como la activación del referéndum revocatorio al Sr Maduro.

En Venezuela las elecciones regionales y locales no constituyen el problema, por tanto,  no son la solución a la  gran  inestabilidad   económica y social generada por la destrucción del aparato productivo y la inversión de valores que hoy sacude a nuestra sociedad. El problema es macro y la solución conlleva a  implementar políticas públicas para atender: la hiperinflación, el sistema de salud, la recuperación de la industria petrolera, el desempleo, la desnutrición, la inseguridad, el sistema educativo  y otros similares,  las cuales  escapan a las decisiones de gobernadores y alcaldes.

 

Freddy Pina

@fpinariv 

 

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