Politización de la vacuna anticovid-19. Por Eneida Valerio Rodríguez

EL gobierno ha politizado la  aplicación de la vacuna contra la COVID-19 y en tal sentido, los argumentos esgrimidos en tan complicada situación para desvirtuar su falta de atención al problema, han sido contradictorios, enfrentados y carentes de un mínimo de racionalidad política, fundamento en los gobiernos para explicar el alcance y abordaje de las exigencias, en un marco de libertades democráticas.

La pandemia incorporada a las incontables calamidades que enfrentan los venezolanos todos los días y suficientemente conocidas -de alto hartazgo repetirlas- suma con esta pandemia, una percepción de incredulidad generalizada en cuanto las cifras divulgadas diariamente por distintos voceros del régimen quienes señalan: número de afectados y fallecidos.

 Las entiende la población como cifras edulcoradas y no confiables, tomando en consideración la observación de una marcada saturación en número de ingresados, tanto en las redes de centros hospitalarios, ambulatorios como de clínicas  privadas. En estos últimos centros médicos, constituye  prueba fehaciente, los acondicionamientos  de espacios para atender un creciente número de infectados.

La politización del asunto continua con la Organización Panamericana de la Salud, OPS que ha  sido enfática a través de sus líderes en señalar que el régimen no ha tomado en cuenta el mecanismo COVAX para acceder a la vacuna y conforme las últimas informaciones, ha tenido que explicarle, el alcance de la vacuna AstraZeneca,luego de rechazarla el régimen ante la opinión pública nacional por desconfianza en su efectividad. 

Sin embargo admite la OPS la reciente cancelación del 50% del gobierno para ingresar a la cuota estimada de COVAX y la presidencia interina de Juan Guaido, por otra parte, garantizó los recursos para atender el compromiso restante de este acuerdo. Venezuela, a decir  de la  OPS no ha  solicitado un nombre específico de vacuna. Lo que muestra una cuestionable contradicción entre lo que dice a nivel de opinión pública y de las negociaciones emprendidas con organismos internacionales. 

Las cifras de infectados por la COVID -19 alcanzan  176.972 personas. Los fallecidos, se ubican en 1815 hasta el pasado 12 del presente mes. Y de  esta cantidad, 468 corresponde al sector salud. Los sanitarios dado su vulnerabilidad, han planteado la urgencia de atender sus condiciones y con la finalidad de resguardar sus inquietudes han credo un grupo con la aplicación, Signal, una de las más seguras, porque las conversaciones están encriptados de principio a fin y de esta manera aseguran las reservas del sector.

El miedo hace estragos y se conjura con el coronavirus, no importa que tengas razón y luches por ella.

El gobierno, para sumar mas desinformación, sin aclarar el problema de la vacuna, anunció la venta de las gotas José Gregorio, Carvativir. Comenzó desde el pasado miércoles, la disposición de las mismas,en algunas redes de farmacias, que según el régimen tiene efectos curativos con sumatoria milagrosa. Esta determinación gubernamental, pone de manifiesto una vez más, la incredulidad del ciudadano. El precio del fármaco esta dolarizado y se puede comprar hasta 4  frascos por paciente, para evitar el mercado negro. 

Esa aseveración, es jugar a la inocencia necia. Nos preguntamos; ¿Cuál es la actividad del país, que no tiene una alta cuota de rapiña en tan popular “mercado”? 

La presentación del fármaco es de 6/MG 30/ML. Estas  gotas, por cierto, fueron las causantes de la decisión de Twitter para eliminar una de las cuentas del gobierno, debido -la explicación de la red- de carecer el producto de suficiente sustentación científica exigida, para la promoción y recomendación mediante esa vía. 

El país, ha respondido ante tal situación y lucen coherentes y unitarias las distintas posiciones  de organismos, instancias  e instituciones exigiendo respuestas ante la ola de contagios que logró en el presente mes, el pico más alto a nivel nacional desde hace un año, cuando fue declarada la pandemia. En tal sentido, demandantes de precisiones al gobierno, han llamado la atención de la gravedad de los hechos. 

Es así como a médicos, paramédicos, enfermeras liderado por Ana Contreras, cuyas luchas en favor del derecho de la salud, mereció una medalla del gobierno de EE.UU el pasado Día de la Mujer,han  estimulado otras tantas.

Se han pronunciado las Academias  de Medicina, Economía y la última, la de Ciencias Políticas y Sociales que alerta entre varios aspectos; la necesidad de observar los derechos constitucionales que han conllevado a violaciones de derechos humanos. Es necesario, señala su posición pública, planificar una programación inclusiva que amerita en tal sentido, 30 millones de dosis para atender la población apta para recibirla.

La iglesia católica, ha liderado al país y pedido respuestas de manera reiterativa. Recuerda en su petitorio al gobierno, la obligatoriedad de atender la población de forma inclusiva sin más dilaciones.Ha aproximado en sus posiciones ante la opinión pública esta situación, con la que le tocó vivir al próximo beato José Gregorio Hernández en 1919 en relación con la gripe española. Increpó al régimen de Juan Vicente Gómez, sobre las condiciones sanitarias del país a su entender, peor que la propia peste que dejó miles de muertos en todo el país, bastante desarticulado. tanto de afectados como fallecidos   

Eneida Valerio Rodríguez

@eneidavalerio