Explota “bomba” en cuerpos policiales por ascensos “amañados”

En plena cuarentena y sin que medie un contexto de riesgo inminente geopolítico, el Presidente Nicolás Maduro tendrá que lidiar con una grave situación explotada dentro de la Policía Nacional Bolivariana debido a irregularidades de distinto tipo en el listado de ascensos en la Policía Nacional Bolivariana para el mes del julio en el Día del Policía Bolivariano.

Del un total de 204 oficiales y suboficiales de este cuerpo policial propuestos para ascender, que deberán ser conformados y confirmados por el Ejecutivo Nacional, según protocolos pautados en la Constitución Bolivariana y los diversos Reglamentos Internos que los rigen, 77 no pueden y no deben.

De la lista de propuestos para ascender, 27 funcionarios padecen causas judiciales de tipo “Penal”. A esta cantidad en condición irregular, se añaden otros 50 funcionarios entre los lograron ascender, que están cruzados por causas judiciales de tipo “Disciplinario”.

La suma arroja un total de 77 funcionarios que no califican para ocupar un puesto superior al que ocupaban en el cuerpo policial. Sin embargo, por órdenes de algunos jefes superiores fueron colocados en la lista de los calificados para ascender y fueron ascendidos.

A estas irregularidades que bordean el delito se agrega la contravención en los tiempos de antigüedad requeridos para un ascenso. Como se podrá verificar en la tabla que anexamos, más del 90% de los postulados no acumulan los años suficientes de Ley y Reglamento para ser ascendidos.

Tabla de años de servicio según jerarquía
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Comisionado Jefe                           25 años
Comisionado Agregado                               21 años
Comisionado                                    18 años
Supervisor Jefe                                               15 años
Supervisor Agregado                    12 años
Supervisor                                           9 años
Oficial Jefe                                           6 años
Oficial Agregado                               3 años
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Lejos de ser un asunto legal, lo que ha saltado el pasado lunes por la tarde es remezón político en las jerarquías policiales.

Como era inevitable, una parte de la fuerza reaccionó ante la evidencia e hizo llegar la información, con la solicitud de resguardo de la fuente. Es una información suficiente para sostener la responsabilidad de este informe periodístico.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, así como el vice Ministro Molina Molina, deberán revisar el listado de ascensos y ajustarla a derecho como indican las leyes nacionales y los Reglamentos específicos de cada cuerpo.

El riesgo es tan poco legal y protocolario, que el riesgo es para el conjunto del Estado, el sistema legal bolivariano y lo más importante: para la imagen interna y externa de la Venezuela bolivariana.

Sin importar la opinión organismos como el que dirige la señora Bechelet, o Human Richts y Amnesty International, además de ACNUR, la NED, USAID, entre otros voceros del imperialismo, el problema es nuestro. Lo central de la irregularidad es que legitima una perversión dentro del cuerpo policial bolivariano, en el centro medular del Estado nacional.

Sus efectos en la opinión pública podrían ser desastrosos, sobre todo cuando recordamos el récord de denuncias que tiene un órgano policial como la FAES, al que se le adjudican alrededor de 362 víctimas civiles.

Lo grotesco de los hechos quedó registrado en un diario oficial como Ciudad Caracas en su crónica del 30 de enero del 2020, titulado “Punto de quiebre | Balas uniformadas hablaron con su dialecto de muerte.”

La mayoría de las víctimas son militantes y activistas de organismos y movimientos sociales de la causa bolivariana y si fueran de otra causa ideológica, mientras no sean sicarios paramilitares o agentes imperialistas, el delito sería el mismo.

El riesgo es que en Venezuela se entronice una fuerza paramilitar o parapolicial al estilo de las conocidas en la Colombia hoy, que ya vimos en el Perú de Fujimori/Montesinos en los ´80. Actúan en el Brasil de Bolsonaro con el nombre de Milicias Urbanas y en México a cargo de varios grupos del Narco. En el pasado setentista diezmaron a la militancia de izquierda y cultural en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

Basta recordar el riesgo que representa una perversión de esta naturaleza para un gobierno y una sociedad bajo permanente asedio y vigilancia de todas las instituciones y gobiernos enemigos del sistema mundial de Estados.

Nota de Prensa | Modesto Emilio Guerrero