El recorte del subsidio al combustible desata la indignación iraní

El Gobierno de Irán ha tropezado con las consecuencias de una medida necesaria en los tiempos actuales. Este domingo, por tercer día, cientos de iraníes en decenas de localidades del país se han manifestado por la decisión abrupta de elevar el precio del combustible y racionarlo. La dura respuesta policial a las protestas y disturbios -que ha producido un muerto oficial y hasta diez según otros recuentos, además del corte casi total de Internet para evitar difundir qué ocurre-, sólo han elevado el enfado.

Los eslóganes contra las costosas aventuras iraníes en Irak, el Líbano o Siria, denunciando corrupción o simplemente criticando el creciente precio de la vida, han colmado las concentraciones callejeras, que han incluido cortes de carretera y ataques a bancos, sedes oficiales o gasolineras. Los voluntarios paramilitares ‘basiyíes’ han encabezado las cargas. Las escenas más virulentas se han vivido en Juzestán, una región suroccidental especialmente pobre que concentra pozos de petróleo, y en el oeste kurdo.

Los ciudadanos de las clases más humildes son quienes están manifestándose con más ahínco. Y eso que la normativa, que eleva un 50% el precio de la gasolina -de 10.000 a 15.000 riales por litro, o sea, que el nuevo precio es de unos 11 céntimos de euro el litro y limita esta tarifa a 60 litros por mes y vehículo, los siguientes valdrán el doble-, también prevé compensaciones para dos tercios de la población, los más desfavorecidos, que recibirán subsidios directos en forma de transferencias monetarias.

Por ello, las protestas son vistas por muchos observadores como una nueva muestra de desafección popular hacia sus líderes, que han fracasado a la hora de hacer comprender su plan. A sus tradicionales reticencias a secundar las demandas de más libertades y derechos de una parte importante de la población se suman, ahora, las denuncias de corrupción en las élites y una brecha entre ricos y pobres que, bajo las renovadas sanciones de EEUU, se está acentuado.

El Líder Supremo Ali Jamenei, quien tiene la última palabra en cuestiones de Estado pero al mismo tiempo exhibe una figura de árbitro, ha defendido la medida, que fue anunciada por los jefes del Ejecutivo y la Judicatura. «Las cabezas de las ramas [del Gobierno] tomaron una decisión con el apoyo de expertos y naturalmente debe ser implementada», dijo el sábado. «Algunos estarán disgustados con esta decisión…pero dañando y calando fuego [a las propiedades] no es forma. Es de ‘hooligans'», zanjó.

Irán, que alberga las terceras reservas de crudo en volumen, es uno de los países con la gasolina más barata. Aunque sus vetustas e ineficientes refinerías han lastrado tradicionalmente la producción de combustible, hasta esta semana -según estimaciones del FMI-, Irán había dedicado el 1.6% del PIB a subsidiar el combustible. Aprovechando las ganancias del petróleo, la principal fuente de riqueza del país, también la industria automovilística, segundo motor económico, goza de suculentas subvenciones.

Ambas ayudas son elementos clave de la política social emprendida por la República Islámica tras su fundación, hace 40 años. La implantación del ‘coche para todos’ ha desembocado en una dependencia excesiva en el vehículo privado, convertido en símbolo de estatus y en herramienta emancipatoria, con un consecuente problema de tráfico y de contaminación, sobre todo en las ciudades. Al mismo tiempo, el transporte público, presentado como medio de segundo orden, ha tenido un lento desarrollo.

Durante años, algunos políticos y expertos habían advertido a media voz de la necesidad de amoldarse a los nuevos tiempos, más ecológicos, y, de paso, modificar el sistema de ayudas sociales para hacerlo más eficiente. No obstante, ningún Presidente se había atrevido a emprender esta medida hasta la fecha, en gran parte por el miedo a la respuesta de las calles. Y no sólo en ellas. Numerosos diputados han expresado su descontento con el incremento del precio e incluso han amagado con pedir su suspensión.

Las sanciones de Washington parecen haber contribuido a la drástica decisión de las autoridades. Desde que Donald Trump se retiró del pacto atómico y reimpuso un castigo draconiano a la población iraní y a sus líderes, el año pasado, se estima que unos dos millones de barriles diarios de crudo han desaparecido del mercado. La prohibición de comprar crudo iraní ha privado a Teherán del acceso a divisa y a fondos que sirven en parte para pagar sus programas sociales.

En los meses siguientes a la aplicación de sanciones, una decisión tomada por Trump para confrontar a su predecesor Barack Obama -firmante del pacto atómico de 2015-, el rial experimentó una fuerte devaluación y la inflación se disparó hacia un estimado 40%. El FMI espera que la economía iraní se contraiga un 9,5% este año y se mantenga frenada durante el próximo. Y será la población civil la que, una vez más, sufra las mayores consecuencias.

El Mundo

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