#Colombia prepara la incorporación productiva de la #migración venezolana

Colombia lanzará 10 acciones prioritarias concretas, a corto plazo, para promover la incorporación productiva de los migrantes venezolanos en su territorio. Así lo confirmó, en Cúcuta, David Khoudour, del equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y asesor del Gobierno en la gerencia de Frontera con Venezuela.

Khoudour participó en un evento promovido por la Unidad del Servicio Público de Empleo, en donde se dieron a conocer las medidas concretas previstas. Desde hace un año, diversas instituciones, como el Ministerio del Trabajo y organismos nacionales e internacionales, han venido diseñando esta política pública identificando 45 barreras que impiden el ingreso formal de los migrantes al sector productivo colombiano. A partir de allí se establecieron 85 acciones y se definieron 10 prioridades que serán implementadas en lo que resta del año, según el funcionario del PNUD.

Estas acciones van en dos líneas: empleabilidad y emprendimiento. Se entiende que no habrá empleo formal para todos los migrantes, por lo que se debe generar financiamiento para su incorporación productiva como emprendedores.

La primera prioridad es el tema de la regularización: “sin documentos no se puede trabajar”. Se parte del hecho que el 52 % de los venezolanos migrantes en Colombia se encuentran regularizados a través del Permiso Especial de Permanencia, PEP. El 48 % restante debe entrar en un proceso de regularización y para ello se implementará un nuevo PEP Laboral. También estudia un PEP Educativo para la formalización de estudiantes que carecen de documentación, en todos los niveles.

La segunda prioridad es la caracterización de la población migrante, para conocer su nivel educativo, capacidades, habilidades, entre otros aspectos. Se realizará una encuesta nacional a la población registrada en el PEP, en donde serán determinados estos aspectos, lo que, según los promotores, favorecerá identificar recursos humanos capacitados y las necesidades de formación que tenga la población con menor nivel educativo.

El tercer aspecto se refiere a la convalidación de títulos. La falta de apostilla de títulos por la situación presentada en Venezuela y las relaciones con Colombia, está impidiendo a muchos profesionales venezolanos demostrar sus conocimientos y nivel formativo. Al respecto el Ministerio de Educación, señaló Khoudour, elabora un sistema para convalidar sin apostillar. Otra de las barreras es el costo de la convalidación: de 600 mil a 700 mil pesos. Al respecto se está adelantando la creación de un fondo de financiamiento para este proceso, dirigido a los migrantes venezolanos, con recursos internacionales.

La certificación de competencias y formación profesional es la cuarta prioridad de este plan de incorporación productiva del migrante. Señaló el asesor del PNUD que se han definido acciones de certificación a través del SENA y facilitar el acceso a la formación complementaria a los migrantes con PEP mediante su inscripción al sistema SOFIA PLUS de educación virtual, más cupos en cursos formales y la reducción de la tasa de deserción, alumnos que abandonan los programas por falta de recursos, implementando un fondo de manutención con financiamiento internacional.

La quinta prioridad se refiere a la mejora de la intermediación de los Servicios Públicos de Empleo como aval ante los empleadores formales. Se quiere elevar la tasa de colocación de migrantes venezolanos, actualmente ubicada en 3 % anual, por esta vía. Al ser avalados por el Sistema Público de Empleo ante los generadores de oportunidades se lucharía contra barreras específicas, como la discriminación, y se garantiza el respeto a la normativa laboral vigente.

Paralelamente a esta acción, como sexta prioridad, se establecen mecanismos para luchar en contra del trabajo forzoso. La sanción a empleadores que no cumplen con la norma laboral al momento de contratar a migrantes venezolanos, creando una competencia desleal en contra de los nacionales colombianos.

La estrategia de incorporación productiva apunta también al fomento del emprendimiento en la población migrante, como séptima prioridad. En la actualidad, los fondos colombianos para el financiamiento del emprendedor no pueden otorgar recursos a extranjeros. Ante estas circunstancias, se proponen reformas al sistema para permitir el acceso a migrantes venezolanos y el aporte de recursos internacionales para el financiamiento de emprendedores con buenos proyectos.

Asimismo, el Ministerio de Industria y Comercio ya instruyó a las Cámaras de Comercio del país para que permitan la matriculación de empresas y fondos de comercio a usuarios que presenten el PEP como documento de identificación. Esto no se podía hacer antes y a partir de esta semana se implementó.

La octava prioridad fue calificada por Khoudour como tema transversal, pero fundamental en esta estrategia: la inclusión financiera. Apenas el 5 % de los migrantes venezolanos registrados en el PEP tienen acceso a productos del sistema financiero colombiano. Esto se debe a diversas barreras de las instituciones, lo que limita el acceso también a empleos, a la formación de empresas, al financiamiento. Se va a facilitar el proceso de apertura de instrumentos a personas con PEP.

La novena prioridad se orienta a la reducción de la brecha laboral por sexo y etnia. De los 600 mil migrantes que tienen PEP, apenas 12 % tiene empleo formal. De ellos, 70 % por ciento son hombres y 30 % mujeres. Entre las razones que se alegan para la no incorporación laboral de mujeres, está la inexistencia de infraestructura de cuidado de sus hijos menores, por lo que se desarrollará, a través de las agencias del Estado colombiano, un programa que permita a sus madres trabajar.

La décima prioridad es el fomento del desarrollo económico local. Aseguró el asesor del PNUD que es clave una inversión mayor del Estado en los cinco departamentos colombianos fronterizos con Venezuela, en áreas como el turismo, la industria y la economía naranja. En esta estrategia no solamente se destinarán recursos públicos, sino que se ha gestado una alianza para la migración con el sector privado de la economía, inversionistas nacionales, internacionales y recursos de entidades multilaterales.

La Nación