Colombia elige presidente

Millones acudirán a las urnas hoy domingo para elegir al próximo presidente de Colombia, en medio de la polarización causada por el temor de que la derecha desmantele un acuerdo de paz con la ex guerrilla y el miedo a que la izquierda provoque una crisis tanto económica como social por un cambio de modelo.

Más de 36 millones de electores están habilitados para votar y elegir el sucesor de Juan Manuel Santos, que dejará en agosto la presidencia tras ocho años de gobernar un país con una de las democracias más antiguas de América Latina, pero que suele registrar una alta abstención porque el voto no es obligatorio.

Si ningún candidato obtiene más del 50 por ciento de los votos, se realizará una segunda ronda el 17 de junio entre los dos primeros.

Con una intención de voto cercana al 40 por ciento, las encuestas perfilan como favorito al derechista Iván Duque, un abogado y economista de 41 años del Partido Centro Democrático apoyado por el ex presidente Álvaro Uribe, que ha prometido recuperar la autoridad, modificar el acuerdo de paz y es aceptado por los inversores y los mercados.

En los sondeos, lo escolta con alrededor de un 30 por ciento el izquierdista Gustavo Petro, un ex alcalde de Bogotá y economista de 58 años de la coalición Colombia Humana que promete defender al acuerdo de paz, reducir la dependencia económica del petróleo y el carbón, y recortar la brecha social con ideas que generan temor entre los empresarios, como la compra de tierras por parte del Estado a terratenientes.

Más atrás y con la intención de ser la alternativa que rompa la polarización se encuentran el independiente Sergio Fajardo, el ex vicepresidente de centroderecha Germán Vargas Lleras y el candidato de centroizquierda Humberto De La Calle, que defienden el acuerdo de paz y prometen mejorar las condiciones sociales del país.

«La carrera ha sido impulsada por la feroz polarización entre los dos candidatos que defienden las posiciones más extremas de derecha e izquierda, lo que provocó algunos ataques agresivos», dijo Yann Basset, analista político de la Universidad de Rosario en Bogotá.

La conservadora sociedad colombiana está dividida entre quienes apoyan la llegada a la política de la ex guerrilla después de que firmó un acuerdo de paz en 2016 con el Gobierno y los que quieren ver a los ex combatientes tras las rejas por los crímenes cometidos durante cinco décadas en un conflicto armado que ha dejado 220.000 muertos.

— Modelos opuestos —

Iván Duque, quien acusa al ex alcalde de Bogotá de querer implementar un modelo socialista como el de Venezuela, promete en su eventual gobierno modificar el acuerdo de paz para impedir que los desmovilizados jefes de las FARC ocupen curules en el Congreso, antes de confesar sus crímenes y responder ante la justicia.

En la otra orilla, Gustavo Petro plantea dar continuidad al acuerdo de paz, pero sus iniciativas de acabar con las industrias extractivas de petróleo y minería, de subir los impuestos a las tierras improductivas para comprarlas y entregarlas a los pobres provocan temor entre los empresarios y en los mercados. Petro niega que quiera convertir a Colombia en una Venezuela.

«Estas elecciones son las más importantes que nosotros hemos vivido desde que tenemos conciencia política», dijo Jorge Valderrama, jefe de la unidad del banco europeo BNP Paribas para Colombia, Centroamérica y el Caribe. «El modelo de país se va a decidir».

Mientras Iván Duque es criticado por su poca experiencia política y presagios de que terminará obedeciendo órdenes del ex presidente Uribe, Gustavo Petro es cuestionado por su mala gestión como alcalde de Bogotá, incluida el criticado cambio del modelo de recolección de basuras de la ciudad.

Un eventual triunfo de Iván Duque lo dejará con un camino relativamente fácil en el Congreso para impulsar reformas decisivas como la tributaria. Su partido Centro Democrático tiene más escaños en el Senado que cualquier otro y es el segundo en la Cámara de Representantes.

Pero el partido de Gustavo Petro solo tiene seis escaños en el Congreso y enfrentaría un difícil camino para lograr la aprobación de las reformas que requiere el país en materia social y económica.

DC / El Comercio