Jennifer McCoy: “La oposición necesita estrategia a largo plazo”

Jennifer McCoy,   exdirectora del Programa para las Américas del Centro Carter, figura clave en la Mesa de Negociación y Acuerdo que sostuvieron la oposición y el Gobierno entre el 2002 y 2004, cree que la actual  crisis política se resuelve con la “negociación”.

En entrevista con PANORAMA sostuvo que para las presidenciales del 20 de mayo hace falta “más garantías” y “control” .

Para la  profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Georgia,  EE UU, quien ya lleva año y medio lejos de Venezuela pero igual  sigue de cerca lo que está ocurriendo,  el  Gobierno  dejó de lado  su responsabilidad de “asegurar la integridad física de los ciudadanos y la oposición, el no estar unida”.

—Dada su experiencia en el caso Venezuela del 2002-2004, ¿cuáles son las alternativas más viables para salir de la actual crisis política?
— La alternativa óptima sigue siendo la negociación.  Necesitan resolver sobre todo: crisis económica,  humanitaria, médica,  procesos electorales con integridad y la institucionalidad constitucional con la Asamblea Nacional.
Me parece que las negociaciones en República Dominicana hace unos meses tocaron todo esto.

—¿En qué se parece y en qué se diferencia la crisis política de aquel momento con la actual?
— En 2002-2004, el balance de fuerzas eran mucho más equitativas. La oposición tenía a los medios, la mitad del Tribunal  Supremo de Justicia, organizaciones civiles fuertes, representación en el CNE, una parte de las fuerzas de seguridad.  Ahora el Gobierno tiene control de todas las instituciones excepto la Asamblea Nacional, y esta ha sido intervenida por el TSJ.  Lo que no tiene el Gobierno es apoyo o confianza de la población.

—El camino electoral en los términos que está planteado en este momento en Venezuela, ¿cree que se deben otorgar más garantías electorales?
— Claro que necesitan más garantías para tener elecciones con integridad y para recuperar la confianza de los votantes en el proceso.  Es bueno que hayan acordado retornar a los centros de votación de 2015, asegurar la equidad en los medios de comunicación, e invitar observadores internacionales, pero faltan todavía.  Lo que no ha recibido suficiente atención son los puntos rojos (del Psuv),  que ahora sirvan como mecanismos de control social, vinculando inscripción en un partido con el voto y con la comida  a través de los Clap.  Necesitan eliminar o regular esos puntos.

—¿Por qué el diálogo en Venezuela ha arrojado los resultados que ha arrojado?

— Porque faltaron dos mecanismos importantes para llegar a acuerdos. Primero:  la claridad desde los gobiernos extranjeros sobre las condiciones (cambios en su comportamiento) que merecerían la suspensión de las sanciones individuales y financieras; y segundo,   garantías mutuas sobre la justicia y debido proceso,  esto incluye,  mecanismos de justicia transicional para dar garantías de amnistía a algunos oficiales bajos que podrían ser acusados de actividades criminales y garantías para los oficiales acusados de abusos graves de derechos humanos o criminalidad para recibir debido proceso y tal vez penas reducidas condicionadas en otras formas de justicia transicional, como reparaciones a víctimas, verdad, entre otros.

—¿Qué error no debe cometer el Gobierno?

—Ya ha cometido, pero debe rectificar; el error de dejar al lado su primera responsibilidad de cualquier Gobierno, el asegurar la integridad física de sus ciudadanos con seguridad, salud y libertad.

—¿Qué error no debe cometer la oposición?

—Ya ha cometido el error de no estar unida.  Necesita una estrategia a largo plazo en frente de un régimen autoritario electoral.  Es un avance establecer vínculos entre la sociedad civil y los partidos,  veremos si el Frente Amplio tiene repercusión.

—¿Qué opina del sistema electoral en el 2018 a la luz de unos resultados   cuestionados por la oposición nacional y la comunidad internacional como los de la Asamblea Nacional Constituyente a diferencia de otros procesos?
— El problema de legitimidad del actual CNE no es solamente la selección de la ANC, que era un acto político y unilateral, no una elección, el problema de legitimidad viene de la suspensión del referendo revocatorio y las elecciones regionales en octubre 2016, la cual denegó el derecho a votar; la falta de respeto a los  resultados   y el fraude en el conteo del estado Bolívar en octubre 2017 al mismo tiempo; y el rechazo a resolver la elección de cuatro diputados del estado Amazomas  de diciembre del 2015. Todo esto demuestra la voluntad  y la desesperación del Gobierno, incluyendo el CNE, a recurrir a actos de fraude y violación de derechos aún más allá de lo que había ocurrido antes.

 

DC / Panorama

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