Expediente delincuencial, por Golfredo Dávila (@golfredodavila)

Todos los sectores del país hemos coincidido, desde hace largo rato, que estamos en presencia de un Estado forajido y/o cleptocrático. En un artículo titulado “Cuando el Estado es criminal” de hace dos años, llegábamos a esa conclusión. Es tan extensa la larga cadena de delitos y crímenes del Estado, que se podría escribir un libro al respecto, desde la famosa toma de la UCV en marzo del 2001 hasta la fecha, destacando que dicho expediente negro, cada día crece y con delitos más graves que los anteriores.

Los estudios del abogado y criminólogo Fermín Mármol García referidos a los cinco micro Estados de violencia en Venezuela, se quedaron cortos. A la política de terror ascendente; al segregacionismo impuesto que mantuvo por largo tiempo a la sociedad venezolana dividida; al saqueo de las riquezas naturales por parte de una pequeña cúpula que tiene centenares de miles de millones de dólares en bancos foráneos; a la violación sistemática de los Derechos Humanos; haber convertido a Miraflores en un pranato y en el principal cartel de la droga y el narcotráfico; al estado de pobreza, hambre y miseria al que condujeron a la población, incluida la negación de la apertura del canal humanitario para paliar la emergencia en salud y alimentos; se le han sumado los golpes de Estado continuados. Cierran este ciclo el fraude constitucional, delito, que esperamos, no se consume; la represión desenfrenada que ha dejado 70 asesinatos, miles de heridos, 3000 detenciones arbitrarias y el acoso y persecución a líderes políticos y activistas de los Derechos Humanos.

Esta prostituyente, sería tan grave, que acabaría con los últimos residuos de democracia, truncaría todo signo de libertad, eternizaría a Maduro y al régimen en el poder agravaría todos los problemas del país; con esto se usurpa la facultad que inalienablemente reside en el pueblo, como único poder originario y con autoridad para cambiar o no la Constitución, a través del voto universal, directo y secreto; cosa negada por unas bases comiciales ilegales y absolutamente antidemocráticas. Todo su plan es terminar de destruir al País y a la Nación, escamotear las conquistas populares, anular la Asamblea Nacional, destituir a la fiscal y hacer una Constitución antinacional, para terminar de entregar nuestras riquezas a Cuba, a China y a Rusia.

Hay que desenmascarar su propaganda perniciosa, este pueblo no quiere cambiar la constitución, lo que quiere es solución a sus problemas; aspiramos elecciones legales y transparentes, no este tipo de adefesios del régimen, que convertirían en delincuente y/o cómplice de un delito de lesa patria a todo aquel que participe. Es clave aclarar que hay una diferencia abismal, entre el rechazo a esta jugada sucia y la decisión de abstenernos en las elecciones de 2005, cuya razón fue meramente política, producto de que había un rechazo mayoritario de la población a aquel proceso; en cambio ahora, aparte de las razones política, hay razones jurídicas y penales.

Es más, en el marco de este golpe de Estado, el régimen está ejecutando dos delitos;1) Instigación a delinquir, producto de la convocatoria al pueblo a participar en dicho acto, incluida la presión, el chantaje y la amenaza que ejercen para que se involucre; 2) Apología del delito, cuando venden dicho evento como algo muy bueno para el País, que el mismo serviría para lograr la paz y darles rango constitucional a las misiones. Nada más absurdo e inaudito, pues los derechos sociales que ellos dicen garantizar con estos programas, ya están plasmados en la Constitución; y algo más grave, imaginémonos tener el CLAP con rango constitucional, es como resignarnos a depender de una bolsa de comida.

Aquí, grosso modo, están las razones de la indignación y rebeldía del pueblo. La Venezuela decente rechaza el fraude y lo impedirá.

DC / Ing. Golfredo Dávila / Secretario General de Vanguardia Popular en el Zulia / @golfredodavila