Fiscalía de Panamá acusa a Mossack Fonseca de blanqueo de dinero

Panamá sufre un terremoto político. Los escándalos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y de la operación Lava Jato, que estremecen a Brasil y a gobiernos, políticos y empresarios de América Latina y el Caribe, amagan con arrastrar al presidente panameño, Juan Carlos Varela, y al Grupo Mossack Fonseca, firma de ese país que es el corazón mundial de la trama sobre Los Papeles de Panamá.
El Ministerio Público de Panamá acusó de lavado de capitales a los principales socios de Mossack Fonseca -Ramón Fonseca Mora, Jürgen Mossack y otras dos personas- por su presunta implicación en el caso Lava Jato. Además, la Fiscalía registró este jueves las oficinas de ese despacho jurídico, en un exclusivo sector de la capital panameña.

En su cuenta de Twitter, el Ministerio informó del “allanamiento a oficinas de socios” de Mossack Fonseca, porque esa compañía panameña “creó sociedades anónimas en Brasil vinculadas” a Lava Jato y Los Papeles de Panamá, germen global de negociados con registro internacional de sociedades anónimas en paraísos fiscales para eludir impuestos y saltar controles tributarios.

En la misma red, Fonseca alegó que “no tenemos nada que ver con Odebrecht ni Lava Jato” y advirtió que “otros sí”. “Nos quieren usar de chivos expiatorios y cortina de humo”, argumentó. “La investigación dirigida solo a nosotros, que nunca tuvimos relación directa con nadie, deja mucho que pensar”, recalcó.

Uno de los ejes del Lava Jato es la constructora Odebrecht, acusada de pagar millonarios sobornos a influyentes políticos latinoamericanos y caribeños para obtener favores y privilegios y ganar contratos de construcción de obras de infraestructura. Como una de las naciones implicadas en la cadena de pagos multimillonarios, en Panamá se indaga al ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009—2014), a sus hijos y a otros políticos y empresarios.

La tormenta cayó sobre el presidente panameño, Juan Carlos Varela, y políticos cercanos al mandatario. Fonseca, que estuvo estrechamente ligado al ahora gobernante cuando ambos eran militantes del Partido Panameñista y durante su periodo en el Gobierno entre 2014 y 2016, lanzó fuertes denuncias contra Varela.

“Vengo a poner el pecho”, aseguró Fonseca al llegar a la Fiscalía. También reveló que Varela le confesó haber recibido “donaciones de Odebrecht” para la campaña electoral de 2014 que le llevó a la presidencia.

Pero este jueves por la noche desde la sede presidencial, Varela rechazó las acusaciones y replicó que “las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son soborno”.

“Ni un dólar de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia. Estas se utilizaron exclusivamente durante mi campaña como apoyo para material promocional, propagandas, volantes, juguetes y ayuda social a lo largo y ancho del país”, insistió.

Por su parte, Fonseca afirmó que las coimas que la constructora repartió en Panamá superaron los 59 millones de dólares que han sido señalados preliminarmente. Señaló que si Odebrecht obtuvo contratos por unos 9.000 millones en Panamá, los sobornos debieron superar los 1.000 millones.

“Aquí no se ha investigado de verdad”, recalcó. Y preguntó: “¿Por qué a Odebrecht no lo han allanado?”

En conferencia de prensa este jueves por la noche, la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, anunció que “la información recabada identifica a la firma panameña (Mossack Fonseca) presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros de orígenes sospechosos, creando estructuras corporativas y financieras asociadas directamente con la firma de abogados vinculada”.

“Se destaca la presunta relación de una firma de abogados panameña en la comisión de delitos” en Brasil por el caso Lava Jato, por lo que se formularon cargos en contra de cuatro funcionarios de Mossack Fonseca, entre ellos Fonseca y Mossack, puntualizó la procuradora.

Los Papeles de Panamá, germen global de negociados con registro internacional de sociedades anónimas en paraísos fiscales para eludir impuestos y saltar controles tributarios.

DC|El País