Denuncian despido de 10 mil empleados públicos en solo 5 días

La Unión Nacional de Trabajadores ha alertado que, el Gobierno Nacional desde el 30 de diciembre se ha dedicado a reducir drásticamente su nómina de trabajadores, puesto que han recibido denuncias sobre el despido de 10.000 empleados de la administración pública.

La coordinadora de la Unete, Marcela Máspero, sostuvo que muchos de los perjudicados informaron que la situación se ha registrado en Bolivariana de Puertos, Ministerio de Agricultura y Tierras, Aeropuerto de Maiquetía y el Servicio Integrado de Administración Tributaria y Aduanera, Seniat.

Asimismo, explicó que para las expulsiones “el gobierno se vale de la suspensión del contrato de trabajo a tiempo determinado con los empleados que mantiene bajo esa figura, sin embargo la Ley Orgánica del Trabajo establece que al cumplirse un año como contratado el trabajador debe ser pasado a la nómina fija”.

Por otra parte, indicó que, aquellos trabajadores cuyos contratos fueron rescindidos ejercen funciones en el sector público desde hace 2, 4, 6, 10 y hasta 16 años, por lo que el Ejecutivo Nacional “incurre en una flagrante violación de la Ley del Trabajo”.

Máspero señaló también que, con los contratados el gobierno está incurriendo en la práctica de la tercerización, la cual está prohibida en la ley, y que se define como un fraude laboral del patrono del sector público y el privado.

La semana pasada, Servando Carbone, coordinador de la Unete y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, advirtió la intención del Ejecutivo de rescindir los contratos a 300.000 empleados.

“Estos trabajadores han permanecido años en esa condición con la promesa del patrono Estado de que en cualquier momento pasarán a fijos”, sostuvo Carbone. La nómina fija del sector público ha ascendido a un total de 2,8 millones de personas.

Según el directivo, el gobierno ha alegado la necesidad de reducir el gasto en el sector público mediante la salida del personal contratado en lugar de aplicar los recortes presupuestarios en la compra de armamento.

DC|El Nacional