Banco Bicentenario despidió a 126 trabajadores por firmar revocatorio contra Maduro

La persecución laboral en el sector público contra los trabajadores que firmaron para apoyar el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, se profundizó en las últimas semanas en el Banco Bicentenario con la expulsión de 126 empleados, informó Dick Guanique, miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.

«Los jefes citaron al personal y los conminaron a retirar su firma para el revocatorio y de no hacerlo les exigirían la renuncia. Frente a la negativa de los trabajadores, procedieron a despedirlos por deslealtad a la revolución». Indicó que «los gerentes del Banco Bicentenario mostraron a los trabajadores la lista de los firmantes, la cual fue cotejada con la información de los electores que el Consejo Nacional Electoral proporcionó al PSUV».

Los expulsados, en su mayoría de oficinas de Caracas, Anzoátegui, Lara y Zulia, acudieron a las inspectorías del trabajo para reclamar el reenganche, pues el despido por razones políticas lo prohíben la Constitución, la Ley del Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, precisó el dirigente.

Además de los afectados del banco gubernamental, los sindicatos recibieron denuncias de otros 200 trabajadores del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, despedidos por la misma razón.

«Me botaron hace dos meses, cuando me faltaban dos años para la jubilación. Mi hoja de servicios es impecable y con la firma para el revocatorio ejercí un derecho constitucional», dijo un ex empleado del Seniat, que pidió no mencionar su identidad.

Susan Estela Kohler, profesional de informática grado 14 del Seniat, narró que fue destituida el 15 de agosto cuando se reintegraba a sus labores luego de las vacaciones. «La Constitución nos ampara. No pueden botar trabajadores porque piensen diferente. Si nuestra decisión es revocar deben respetarla», enfatizó.

Kohler alertó que entre los expulsados hay trabajadores delicados de salud. «Hubo una persona que la llamaron para entregarle la discapacidad y en la presentación le dijeron que se trataba de la notificación de despido».

En la OIT. Las centrales integrantes de la Unidad de Acción Sindical entregarán esta semana a la Organización Internacional del Trabajo las pruebas y alegatos sobre la persecución contra los empleados públicos que respaldaron con su firma la realización del referéndum revocatorio.

José Elías Torres, miembro del comité ejecutivo de la CTV, indicó que el informe «incluye 45 casos muy bien documentados y sustentados de despido de trabajadores públicos, fundamentalmente del Seniat», además de las declaraciones de voceros gubernamentales transmitidas por los medios audiovisuales del país, en las que anuncian medidas contra los funcionarios que apoyaron el revocatorio.

Agregó que el documento, redactado por juristas laborales, está dirigido a la Comisión de Normas, a los comités de Libertad Sindical y de Expertos y al Consejo de Administración de la OIT para que fijen posición y condenen al gobierno por violaciones del convenio 111 sobre la no discriminación laboral. Torres refirió que, según información confidencial proporcionada por oficialistas críticos al madurismo, el gobierno tiene una lista de 19.000 trabajadores del sector público que están en riesgo de represalias. La lista es el resultado de cruzar la información suministrada al Partido Socialista Unido de Venezuela por el CNE con las nóminas de los organismos y empresas del Estado.

El expediente de Venezuela en la OIT contiene 116 denuncias contra el gobierno, introducidas por los representantes de los empleadores y los sindicatos desde 1952 hasta la actualidad, de las cuales 62 corresponden a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Además de la CTV, la Unión de Acción Sindical la integran la Confederación de Sindicatos Autónomos, Codesa, la Central General de Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores, Unete.

1.000 casos de retaliación

A diferencia de lo que ocurría antes, trabajadores están denunciando las retaliaciones emprendidas por el gobierno. La Comisión de Política Interior del Parlamento procesa 1.000 casos de acoso laboral, de los cuales 229 están sustanciados y serán presentados ante la OIT.

Delsa Solórzano, presidente de la instancia, no precisó el día que irían a la OIT, pero la situación fue expuesta en la Comisión Delegada del Legislativo el 30 de agosto.

La Unidad de Acción Sindical y el Frente Autónomo para la Defensa del Empleo introducirán «un recurso de quejas» en la Comisión de Normas de la OIT por violación del Convenio 111, que prohíbe la discriminación laboral, por 80 casos. La Alianza Sindical Independiente denunció el acoso ante las confederaciones sindicales internacionales.

La Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público advirtió que 1% del personal de la administración pública ocupa cargos de dirección o escalafón 99, por lo que 34.000 trabajadores estarían amenazados por la «purga del PSUV».

DC|EN