Sin definir fecha de audiencia para causa de Martinelli

Navegando en la máxima de que ‘para un juez no hay plazos’, y amparado en una laguna del Código Procesal Penal, el magistrado Jerónimo Mejía, garante en el proceso que se le sigue al ex presidente Ricardo Martinelli por las escuchas ilegales, tiene ‘el tiempo que estime conveniente’ para decidir si llama a audiencia o anula la petición de formulación de cargos que ha hecho el fiscal Harry Díaz.

Abogados  explicaron que mientras no se haya trasladado la acusación a la defensa del ex presidente, ‘no está corriendo tiempo’ alguno.

A partir de entonces, precisa el artículo 344 del Código Procesal Penal, tendrá de diez a 20 días hábiles para hacerlo.

El planteamiento coincide con el de voceros de la Corte Suprema de Justicia, que sostienen que Mejía no debía tener apuros, porque ‘no existe un tiempo definido’. Esto, aun cuando el fiscal de la causa, el también magistrado Harry Díaz, ha pedido celeridad.

‘Él bien puede tomarse horas, días o semanas’, advirtió Rogelio Cruz, uno de los abogados de Martinelli. Este plazo, en el Código Penal (que regula el saliente Sistema Inquisitivo) es de 30 días hábiles, prorrogables.

Las contradicciones

Sin embargo, el Código Procesal Penal establece que los procesos deben llevarse en el tiempo debido, con economía, celeridad y rapidez.

‘La justicia debe ser expedita y lo que se busca es la eficacia de los actos procesales’, considera el abogado Silvio Guerra.

Pero justo el equipo de Martinelli ha retardado las cosas: la defensa ha presentado un incidente a la petición del fiscal, porque, dice, ‘no puede haber una elevación de la causa a juicio, porque no hubo formulación de cargos’.

‘Esperamos un llamamiento a audiencia, pero para que se anule la acusación contra su defendido tras haberse obviado la formulación de cargos’, advierte Cruz.

Sin embargo, atendiendo al orden de llegada al despacho de Mejía, su solicitud debería resolverse después de la del magistrado Harry Díaz.

Antes de ella hay, también, una petición de extradición contra Martinelli, promovida por la defensa de Miguel Antonio Bernal.

Puja y repuja

Para Guerra, el magistrado de garantías tiene un dilema: ‘pronunciarse favorablemente en torno al escrito de acusación u ordenar formular cargos’.

Guerra es de los que cree que esta última opción es la que Mejía debería elegir, aunque se trata de un debate que ha encendido a los juristas. Para el diputado Jorge Alberto Rosas, quien fungió como fiscal en una causa contra el ex magistrado Víctor Benavides, en los procesos contra diputados ‘no hay etapa de imputación de cargos y se puede ir directo a la acusación’.

Hasta ayer habían transcurrido 18 días hábiles desde que el magistrado fiscal Díaz presentó su solicitud al magistrado de garantías, el 9 de octubre pasado.

De acogerse la petición de un juicio oral (o si el juez Mejía decide una audiencia de formulación de cargos, como lo propone la defensa de Martinelli), el ex presidente está obligado a comparecer personalmente, y terminar su autoexilio en Miami, que ya cuenta diez meses. Si no, el proceso se suspendería hasta que lo hallasen.

DC|LE