Reforma electoral de Panamá persigue financiamientos privados

 

Ocho meses después de empezar sesiones, y aun con batallas domésticas, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) ha empezado a dar cuerpo a las reglas que regirán en los próximos comicios generales. La nueva reforma al Código Electoral, que se prevé llegue a la Asamblea Nacional el año entrante, apunta a regular una cuestión considerada fundamental: quién tendrá (y quién no podrá) poner dinero en las campañas electorales.

Sin embargo, el documento también promete dejar en claro qué tanta hegemonía tendrá el gobierno de Juan Carlos Varela en el juego de bloques políticos y económicos su alrededor. Aun con el respaldo que le ha dado el presidente al proceso de cambio, analistas dudan de que la propuesta sortee sin problemas los frentes que le depara la fraccionada Asamblea Nacional.

El politólogo Richard Morales vaticina que será ‘muy difícil que en la Asamblea se apruebe una limitación de grandes proporciones como esta, principalmente porque se harán bloques de partidos en contra’.

Y ya está ocurriendo: en la mesa de la CNRE el oficialismo y la sociedad civil organizada han hecho fuerzas para sostener su propuesta de que no exista más financiamiento privado en las campañas electorales. Que de $59 millones que representaron en 2014, vayan a cero en 2019.

Es curioso, de todos modos: el presidente Juan Carlos Varela carga con los cuestionamientos por la influencia que los analistas sostienen que ejercen sus donantes enlas decisiones de su gobierno. El hoy mandatario reportó al Tribunal Electoral (TE) haber recibido poco más de $10 millones de manos privadas.

Argumentos en la mesa

En la otra esquina, compactados, los partidos de oposición sostienen que al menos se debe permitir que los privados sufraguen el 10% de las campañas políticas, escenario que, según el presidente del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, se constituye en una maniobra para ‘hipotecar la conciencia’ de quien gana. Articula, justo, los negocios desde el poder.

La falta de consenso ha bloqueado el debate. Desde finales de septiembre, el tema ha pasado a una subcomisión que intenta acercar la posición de las partes. Han decidido dejarlo para el final.

‘Mantener el financiamiento privado es una necesidad natural compartida entre los partidos, y en ese sentido se podrían mover en la Asamblea, por lo que el rol de la CNRE es frustrante’, agrega Morales.

¿Por qué? Para muestra, un botón: sólo en la campaña presidencial de 2014, los partidos políticos captaron $59 millones, $9 millones más de lo que invirtió el TE en costear todo el proceso.

La cifra representa el 30% de todo lo que se ha invertido en las campañas electorales de las dos últimas décadas, y es 25% superior a lo que costó para los donantes privados la elección en la que Ricardo Martinelli llevó su ‘locura por el cambio’ a la Presidencia.

De los $59 millones, Cambio Democrático-Molirena consiguieron $35 millones; el PRD, $14 millones; y el FAD, por su parte, recogió $263 mil. Las donaciones para el resto de las elecciones son un absoluto misterio.

La sociedad civil ha puesto un duro matiz a su propuesta, ante la reticencia de los partidos: si hay financiamiento mixto, entonces, que el subsidio postelectoral a los partidos fluctúe a la baja, y se condicione su uso. El Tribunal Electoral ha prometido que el nuevo código le dará más espacio para controlar cómo se gasta el dinero en campaña.

Un asunto de urgencia

La OEA, en un informe de octubre del año pasado, estimó que el control al dinero de empresarios en la campaña supone un asunto de urgencia. ‘En el país hay un mercado político distorsionado por los altos niveles del gasto’ en las campañas, destacó el ente regional.

Sin consenso a la vista, el escenario de que la regulación al financiamiento privado no se apruebe, proyecta el debate como un ‘fracaso’.

El politólogo Morales cree, de todos modos, que el oficialismo tiene espacio para la duda: ‘un cambio así también le podría convenir en su discurso para mantenerse en el poder’. Aunque, insiste, el reto está en lograr que aun sin financiamiento privado los empresarios no tengan injerencia en las elecciones.

Apoyo del estado

Subsidio electoral, el ‘otro escollo’

Además de apoyar el cierre de la válvula de las donaciones privadas a las campañas, la sociedad civil organizada ha propuesto que el Estado recorte a la mitad el subsidio que le entrega a los partidos políticos.

Según el Foro Ciudadano Pro Refomas Electorales, la iniciativa se basa en que entre 2009 y 2014 la curva de crecimiento del apoyo público a los colectivos ha sido diez veces mayor que la evolución del padrón electoral, del número de mesas de votación y de la cantidad de cargos que se sometieron a elección.

Esa organización plantea que el Estado aporte a los partidos el 0.5% de sus ingresos corrientes, lo que significaría que para el quinquenio 2019-2024 recibirían poco más de $48 millones, y no $99 millones, como está previsto. ‘¿Cómo nos vamos a mantener?’, ripostó en la CNRE el opositor CD.

Lo que se recaudó

En las elecciones de 2014 el financiamiento privado creció en 25%

$34 millones captó la candidatura de José Domingo Arias, promovida por los partidos Cambio Democrático y Molirena.

$14 millones captó la candidatura de Juan Carlos Navarro, postulado únicamente por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

$10 millones dijo haber recogido Juan Carlos Varela de empresarios. Fue apoyado por el Partido Panameñista y el Partido Popular.

Las demás modificaciones

La Comisión de Reformas Electorales discute desde enero pasado la propuesta de un nuevo Código

La regulación de las empresas que se dedican al negocio de las encuestas electorales.

Las candidaturas a curules del Parlamento Centroamericano podrían ser sometidas a votación popular.

Se acorta la campaña: los partidos podrán postular a sus candidatos el 3 de enero del año en que se celebra la elección. Los independientes, desde el 3 de diciembre anterior.

Las primarias serán obligatorias en los partidos políticos.

Los debates televisados serán también obligatorios. Se plantea la celebración de dos de ellos.

Se acortan los plazos para resolver los recursos contra la propaganda sucia (que suele ser de 15 días).