Panamá denuncia en la SIP anteproyecto de ley que pretende regular el periodismo

Durante la tercera sesión de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza en Charleston, Carolina del Sur, se analizará la situación, país por país, de la libertad de prensa, la violencia y asesinatos de periodistas.

En el turno de Panamá, sus delegados pidieron a la SIP que envíe delegación para analizar y tratar con las autoridades el anteproyecto de ley que regula el ejercicio del periodismo.

Eduardo Quirós, presidente de la Estrella de Panamá, fue el encargado de presentar el informe panameño y destacó que el anteproyecto de ley, presentado por el diputado panameñista Juan Moya, es innecesario y puede convertirse en una ley mordaza.

Mientras que la directora del diario La Prensa, Lourdes de Obaldía, explicó a los delegados de la SIP que, pese a que el presidente Juan Carlos Varela prometió vetar la ley, esta se puede aprobar por insistencia en la Asamblea Nacional.

INFORME PANAMEÑO

Quirós relató a los delegados de la SIP que el anteproyecto crea una “Comisión Técnica Académica de Periodismo» para la “acreditación profesional” que permita el ejercicio de la profesión a “los profesionales del periodismo panameño” y para la “acreditación profesional transitoria” de los profesionales extranjeros, válida por un año, con derecho a una sola prórroga por igual tiempo de un año.

Además, plantea la constitución de un “Tribunal Disciplinario” que tiene, entre otras funciones, “aplicar sanciones contempladas en el Código de Ética, que incluyen hasta la suspensión de la acreditación profesional”.

El Código de Ética del Profesional del Periodismo será administrado y actualizado por la Comisión Técnica Académica de Periodismo, sin que exista una instancia democrática que dicte este Código o, lo que es peor, se fija una deontología oficial. Establece que las apelaciones de las decisiones del “Tribunal Disciplinario” se resuelven “ante el Ministerio de Gobierno”, dejando la decisión final a un funcionario político, enfatizó Quirós en el informe de Panamá.

En el anteproyecto también se establecen sanciones de “prisión de dos a cinco años por el supuesto ejercicio ilegal de la profesión».

El anteproyecto parte de una grave confusión, dijo Quirós, al limitar la libertad de expresión, de opinión y de prensa a “principios fundamentales del ejercicio de la profesión de periodismo”, cuando estas son derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas (artículo No. 19), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo No. 13) y en la Constitución Política de la República de Panamá (artículo No. 37).

El anteproyecto además establece la denominada colegiatura obligatoria, al fijar como requisito para obtener el “certificado de acreditación profesional” y ser “miembro de dos organizaciones de profesionales de periodismo”, señaló Quirós.

MUERTES

Según la SIP, desde marzo hasta la fecha han sido asesinados 11 periodistas, 3 en Brasil, 3 en México, 2 en Guatemala y 1 en Colombia, Honduras y República Dominicana. La cifra de asesinatos durante 2015 asciende a 16.

De acuerdo con los reportes preliminares presentados por la organización, en Venezuela “los atentados a la libertad de expresión y de prensa son parte del deteriorado contexto social e institucional de lo que ocurre en el país (…) Se trata de una tiranía ejercida y compartida por el presidente Nicolás Maduro Moros y el titular de la Asamblea Nacional, capitán Diosdado Cabello”.

Además, señala el reporte que el Instituto Prensa y Sociedad certificó este año 287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización del trabajo de la prensa y limitaciones del acceso a la información.

Por su parte, en Colombia, el informe destaca el reciente asesinato de la periodista Flor Alba Núñez, de 28 años, que constituye la violación más grave ocurrida en el semestre.

También se refiere a la impunidad de otros crímenes y de episodios de amenazas, que sigue siendo escandalosa. Solo en 19 casos de los 145 homicidios que se han presentado desde 1977 ha habido condenas.

DC/LP