Investigan a exministro de seguridad José Raúl Mulino en Panamá

Veinticinco millones, presuntamente es la coima que recibieron funcionarios panameños por suscribir el contrato

Indagatoria

La Fiscalía Tercera Anticorrupción giró ayer una orden de indagatoria para el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en la investigación que se le sigue por la compra de 19 radares a un costo de $125 millones, suscrita bajo la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

Por este caso, la fiscal Zuleika Moore también le ordenó rendir indagatoria al exdirector del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garuz, detenido en la cárcel El Renacer, acusado de participar en los ‘pinchazos telefónicos’, también en la pasada administración.

Según fuentes judiciales, la indagatoria a Garuz se realizará en horas de la mañana de hoy, mientras que a Mulino se le indagará mañana, 22 de octubre.

El contrato

Panamá e Italia suscribieron en 2010 un acuerdo de seguridad que permitió la compra de los radares a la empresa Selex, S. A., filial del conglomerado italiano Finmeccanica. Años más tarde, la actual administración detectó que los radares –que eran utilizados para el control de las costas en la lucha contra el crimen organizado– estaban defectuosos.

Ante ello, el Gobierno panameño le exigió a Finmeccanica retirar los equipos tecnológicos y devolver lo pagado por los aparatos, pero esto no fue acatado.

El exministro Mulino fue quién firmó, en representación del Estado panameño, el millonario contrato con Finmeccanica.

Sin embargo, este no fue el único contrato que suscribió Mulino con este conglomerado italiano. También rubricó con otras de sus filiales la compra de seis helicópteros y un mapa digital por $250 millones.

‘Coima’

La Corte Suprema de Justicia suspendió ‘provisionalmente’ el contrato celebrado entre Finmeccanica y el Estado panameño. Esto luego de que la administración del presidente Juan Carlos Varela solicitara la nulidad del contrato, por ilegal.

El fallo de la Corte señala que ‘existen graves indicios’ de que la celebración de este contrato se dio con ‘desviación del poder’. Está conclusión fue aportada como prueba en la demanda en la que se advierte del supuesto pago de una ‘coima’ por $25 millones.

DC|ES