Debate de la SIP centrado en regulación de la prensa

El anteproyecto de ley presentado por el diputado oficialista Juan Moya que busca regular la carrera del periodista y reportero gráfico en el país, es ‘un retroceso a las denominadas leyes mordaza panameñas aprobadas durante la dictadura militar y derogadas en 2005′.

Así advirtió la delegación de Panamá ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en asamblea en Carolina del Sur, Estados Unidos.

El informe expuesto por Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo-La Estrella, destacó que el anteproyecto está pendiente de trámite y podría convertirse en ley en cualquier momento.

Quirós insistió que el anteproyecto ‘viola el derecho a la libertad de expresión de quienes quieran expresarse a través de los medios y que no tengan título de periodista y obtengan la acreditación respectiva’.

Según el delegado, la propuesta también pasa sobre el derecho al trabajo de todas las personas, ‘al establecer barreras injustificadas de entrada al mercado laboral’.

Además, dijo, ‘viola el derecho a la libre asociación de los periodistas al obligarlos a colegiarse en instituciones a las que libremente han decidido no pertenecer’.

Quirós consideró que el Consejo Técnico de Periodismo propuesto en el anteproyecto es una ‘entidad sin legitimidad democrática’.

El documento aspira por un lado a que se sancione con dos a cinco años de prisión a quienes ejerzan ilegalmente el periodismo, y propone incrementar el salario mínimo de los profesionales.

‘La SIP envió una carta al presidente (Juan Carlos) Varela, manifestando su preocupación con este anteproyecto, presentado por un diputado de su partido, y no hemos recibido respuesta’, señaló Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.

Sin embargo, el secretario de Comunicación del Estado, Manuel Domínguez, aseguró que en Panamá hay ‘absoluto clima de respeto democrático en el que cada ciudadano puede expresar sin temor su opinión’.

‘Corresponde al Legislativo atender las opiniones y preocupaciones que generen las distintas iniciativas que se presenen ante ese Órgano’, agregó.

Por su lado, el Colegio de Periodistas calificó como un ‘chantaje’ la posición de la SIP. ‘Dicen defender la libertad de prensa, y no hacen nada frente al hecho de algunos de sus asociados en este país cometen atropellos con sus propios colaboradores’, ripostó la presidenta del gremio, Blanca Gómez.

LAS DEMÁS ALERTAS

Más allá del anteproyecto que regula el periodismo, Quirós destacó ante la SIP el proceso legal que inició el exsupervisor de la Superintendencia de Valores Ignacio Fábrega contra Adela Coriat, editora de investigación de La Estrella de Panamá .

El caso fue archivado provisionalmente por el Juzgado Undécimo Penal, porque la acusación de calumnia que pesaba sobre Coriat radicaba en que utilizó, en unos de sus reportes periodísticos, la frase ‘garanta profunda’ para referirse a Fábrega, seudónimo que, lejos de ella imponérselo, figuraba en el expediente que seguía la justicia por las anomalías en la casa de valores Financial Pacific.

Por él, Fábrega fue condenado a cinco años de prisión.

Además, relató Quirós, la justicia ha dilatado el proceso que se sigue contra el exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz por agredir al secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, quien respaldaba a periodistas de la televisora TVN , asediados por el exfuncionario cuando intentaban hacer tomas del edificio de inteligencia.

En la actualidad el proceso se encuentra en apelación al auto de pruebas presentado por los abogados de los denunciados. ‘Todo indica que esta es una medida dilatoria’, insistió Quirós.