Lester Toledo: ¿Contraloría General “de la República” o del PSUV? (@LesterToledo) 

Este martes la Contraloría General de la República ratificó la inhabilitación del  exgobernador del estado Zulia Manuel Rosales Guerrero para ejercer funciones públicas por un período de siete años y seis meses. 

Este régimen, que controla todos los entes del poder público, utiliza nuevamente a este órgano del Estado para inhabilitar a candidatos de la oposición, siendo que, por sus funciones, sólo puede aplicar sanciones administrativas y no penales.

 
Ya lo han hecho con otros líderes que han adversado al chavismo. Leopoldo López ha sido quizá el más célebre, por ser objeto del ensañamiento más descarnado. Pero también están César Pérez Vivas, Richard Mardo, Antonio Barreto Sira, y muchos otros, y ahora vuelven a aplicar esta medida persecutoria contra Manuel Rosales, coincidencialmente con el anuncio de su inclusión en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional.

Es grave que el Estado utilice, una vez más, esta maniobra al servicio de una parcialidad política, ya que viola flagrantemente la Constitución Nacional de 1999, la cual dispone que sólo podrán ser inhabilitados aquellos ciudadanos que hayan sido condenados por un tribunal de la República. La propia Constitución, en su artículo 65, establece que: “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.”

La norma transcrita es muy clara. Sólo cuando haya recaído una sentencia definitivamente firme dictada por un tribunal penal, procederá la inhabilitación como pena accesoria, y no simplemente mediante resoluciones del órgano Contralor.

Esta práctica configura una discriminación y por tanto es violatoria de los derechos humanos y civiles de un grupo importante de venezolanos (alrededor de 400), algunos de los cuales legítimamente aspiran a cargos de elección popular. Ello, a su vez, vulnera el derecho a elegir y a ser elegido.

Son pues una clara prueba del linchamiento político al cual están sujetos los actores que no sean partidarios del Gobierno Nacional y evidencia que existe una persecución diaria a los derechos de libertad de los ciudadanos. Se hace inocultable que, además de la represión brutal contra quien asome la cabeza en la oposición, también se nos está restringiendo nuestro derecho de elegir a nuestros representantes en la Asamblea Nacional, ya que si por el hecho de no estar a favor de las posiciones políticas del Gobierno van a atacar a todos los funcionarios que piensen distinto, nos quedaríamos sin participación política en el país y sería una gran restricción a la libertad de todos los venezolanos de elegir a sus actores políticos. Sumado a esto hay una violación del propio principio de legalidad, como fue mencionado en un punto anterior, ya que hablamos de una violación a la Constitución y a los derechos humanos de los ciudadanos en cuanto a la libertad y al ejercicio de la opinión política y social.

¿Por qué si se sabe de boliburgueses en el Gobierno no han abierto ninguna investigación ni los han inhabilitado? ¿Alguien pidió la declaración jurada de Di Martino, Diosdado Cabello y muchos otros del Gobierno? Simplemente no lo han hecho porque los poderes públicos del Estado obedecen a un partido político y no al pueblo venezolano.

Las inhabilitaciones no pueden ser una herramienta de las cuales el Gobierno echa mano para aniquilar a sus adversarios políticos. El pueblo ya lo sabe y entiende que esas prácticas son propias de regímenes autoritarios que son los que verdaderamente están inhabilitándose cada día más del clamor popular.

Porque así lo dicen las encuestas, incluso las de ellos, que su distanciamiento con la gente cada día es más profundo. Son ellos a los que verdaderamente debemos inhabilitar con nuestro voto por tanto desabastecimiento, inflación, desempleo, apagones, inseguridad, devaluación y corrupción. Es el régimen el incapaz, no quiénes lo adversan. Y deben ser nuestras acciones como venezolanos las que deben dejar este régimen inhabilitado pues no tienen la capacidad de resolver los principales problemas de los venezolanos.

DC / Lester Toledo / Diputado CLEZ / @LesterToledo