Florida, el estado con más evasiones de prisión, busca la privatización de las cárceles

Hace casi tres semanas que la policía busca afanosamente a dos forajidos de una cárcel en el estado de Nueva York. Hombres peligrosos, con un extenso prontuario policial que llega al homicidio, que parecen haber desaparecido de la faz de la tierra. Pero no son los únicos, en la última década, unos 220 presos comunes han logrado evadirse en casi todas las cárceles de Estados Unidos.

Las fugas no son numerosas de por sí, promedian entre uno y seis, pero los presos nunca han sido capturados. La excepción, es Florida, cuyas cárceles parecen un autentico colador. En los últimos 10 años se han fugado 63 reos sin que las autoridades hay dado con su paradero.

Le sigue Alabama con 16, Nueva Jersey con 7 y Oklahoma con 6. Hay estados como Hawai, Carolina del Sur, Misisipi y Ohio, donde no se ha registrado ninguna fuga.

Para algunos especialistas esta realidad, principalmente en Florida, tiene una razón de ser. El sistema carcelario es ineficiente, la moral de los carceleros está por los suelos, la corrupción interna es rampante y el Gobierno estatal no parece muy interesado en enfrentar el problema.

«Nuestras cárceles son un desastre. Hay una lucha interna muy grande entre el Gobierno federal y el estado por el control de las instalaciones», explica a EL MUNDO el abogado criminalista Rey Martínez.

El ambiente no podía ser peor, apuntan otros especialistas y la prensa local se refiere el sistema carcelario como ‘uno de los más disfuncionales del país’. Pero es también un negocio, ya que el 15% de las cárceles estatales son administradas por entidades privadas.

De hecho el sistema carcelario estadounidense es una industria floreciente, vista como un pastel jugoso. Solo el año pasado, dos empresas, ‘Geo Group’ y ‘Corrections Corporation of America’ obtuvieron ganancias por 3.000 millones de dólares por la administración de cárceles federales.

Según el Instituto de Política Judicial, entre el año 2000 y el 2010 la población penal en manos de entidades privadas se ha duplicado. Empresas como ‘Geo Group’ y ‘Corrections Corporation of America’ han invertido 35 millones de dólares anuales en contribuciones a políticos, a todos los niveles, para lograr la privatización carcelaria.

Florida es donde la industria de las cárceles privadas más se ha desarrollado, según el diario The Washington Post y uno de los peones de la industria ha sido, históricamente, el senador republicanoMarco Rubio, ahora candidato a la nominación presidencial republicana.

La relación de Rubio con el grupo ‘Geo’ comenzó tan pronto el joven senador asumió la presidencia de la Cámara de Representantes de Florida el año 2007. Meses después, la empresa obtuvo un contrato del Gobierno estatal por valor de 110 millones de dólares para administrar una cárcel. El contrato fue otorgado después que Rubio, a su vez, trajo a trabajar a su oficina a Donna Arduin, quien hasta entonces, pertenecía a la administración de ‘Geo’.

Desde que llegó al senado, Rubio ha recibido más de 40.000 dólares en contribuciones por parte de ‘Geo’, lo que lo hace el político en Washington que más dinero ha recibido de las industria de las cárceles privadas.

Los activistas de los derechos de los presos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), se quejan de que en Estados Unidos todavía no hay un mecanismo de control del desempeño de una cárcel privada donde la tendencia alos abusos es mucho mayor, ante la falta de supervisión.

Por otro lado, la privatización de las cárceles en Estados Unidos es una industria que tiene una fuente muy apetecible, el sistema de inmigración. Todos los días pasan por las cárceles de los servicios de inmigración, sean municipales o estatales un promedio de 34.000 detenidos, que son procesados y deportados en cuestión de horas.

«El Gobierno paga un promedio de 100 dólares diarios a los privados para administrar las prisiones. Aquí la matemática no falla. Es un negocio«, agrega Martínez.

Este lunes en Estados Unidos la población penal, exceptuando los detenidos por cuestiones migratorias, sumaba 208.389 personas, de las cuales 24.000 se encuentran en cárceles totalmente privadas.

DC | EM