Linda Loaiza exigió que su caso llegue a la CorteIDH

Linda Loaiza, una joven venezolana que sufrió salvajes abusos sexuales durante cuatro meses en 2001, exigió hoy justicia después de 13 años de infructuosa batalla judicial en Venezuela y pidió a la CIDH que traslade su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Loaiza aseguró que su caso permanece en la «impunidad» porque su agresor Luis Carrera Almoina, hijo de un importante rector universitario, no fue condenado por el delito de violencia sexual.

La joven, que habló en nombre de las «miles de mujeres venezolanas que sufren violencia sexual», exigió que se eleve su caso a la CorteIDH para que se dirima cuál es la responsabilidad del Estado en el largo proceso judicial, que le produjo más daños, y se dicten medidas para evitar la repetición de estos abusos.

Aunque Venezuela abandonó la Convención Americana de Derechos Humanos, si la CIDH decide enviar el caso a la Corte, este órgano judicial se declararía competente porque los hechos denunciados se produjeron antes de que el Estado denunciara la Convención, en 2012, explicó el comisionado Felipe González.

«La violencia sexual causa un daño irreparable, es como vivir la propia muerte, luchar contra ella, vencerla y heredar sus consecuencias», destacó la joven, que en la mesa central de la audiencia profundizó frente a los comisionados en los detalles de las agresiones que sufrió.

Los encargados de responder a las denuncias fueron los representantes del Gobierno venezolano para derechos humanos, Germán Saltrón y María Alejandra Díaz Marín, que realizaron sus alegaciones tras un cartel con la bandera venezolana en el que podía leerse el lema «Venezuela se respeta».

La representante de Venezuela tachó de «abominable» el caso, reconoció que «faltó más por hacer» y dijo que personalmente le hubiera gustado que la Justicia hubiera valorado la acusación de tortura, pero que no había suficientes pruebas.

«Asegurar que el Estado Venezolano no ha protegido a la joven en su legítimo reclamo a la Justicia, eso es poco menos que exageración o ingenuidad», destacó Díaz Marín, que en su intervención citó decenas de diligencias policiales y recursos judiciales.

DC | EFE