Piden derogar resolución 8610 para evitar más muertes

ONG, sectores de la Iglesia y dirigentes políticos exigen que sea derogada la resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que permite el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones. Destacan que la suspensión de la norma evitaría que aumente la ola de violencia que considera que originó el asesinato del liceísta tachirense Kluivert Roa.

“El uso desproporcionado de la fuerza en el control del orden público ha sido endémico en el país, pese a que la Corte Interamericana prohibió estos medios en una sentencia sobre el Caracazo. La Constitución establece como lineamiento obligatorio el control del orden público en manos de fuerzas civiles; sin embargo, a partir de 2013 ha habido casos importantes del uso reiterado de armas fuego, lo que ha traído tortura y ejecuciones extrajudiciales. La resolución ministerial 8610 debe derogarse porque es un duro revés para los derechos humanos. La impunidad, que es una señal de que quienes cometen estos crímenes no van a ser juzgados, fortalece estas acciones”, señaló la directora de Cofavic, Liliana Ortega.

Añadió que el Estado debe garantizar el orden público y el derecho a la protesta, que forma parte esencial de la democracia. Destacó que “ni 2% de las violaciones de derechos humanos llegan a juicio”, de acuerdo con cifras de la Fiscalía. Exhortó al jefe del Estado a dar señales de su interés en combatir la violencia con una investigación independiente sobre el joven tachirense y los otros casos de fallecidos en manifestaciones.

“El presidente Nicolás Maduro debe darse cuenta de que esta escalada de violencia no conviene a nadie, aquí se incluye la detención de dirigentes políticos, promover un discurso institucional que eduque y cree conciencia militar y política de que la violación de derechos humanos no deben repetirse y convocar al diálogo para bajar los niveles de crispación. La oposición debe sumarse a este diálogo”, dijo Ortega.

Responsables del hecho. El padre Arturo Peraza, provincial de los Jesuitas, pidió eliminar la resolución 8610, en afirmaciones para la revista Sic que difundió en Twitter. “El gobierno y todos los que avalaron la resolución militar que autoriza el porte de armas en manifestaciones tienen grave responsabilidad en el hecho. Eso se advirtió y la norma constitucional que prohibía el porte de armas en manifestaciones es el resultado de experiencias similares a la que hoy lloramos”, difundió en su cuenta de Twitter. Considera que son “responsables morales” y “quizás intelectuales” los funcionarios que emitieron y avalaron la resolución.

A la exigencia de derogatoria de la resolución se sumaron el coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui, y el gobernador de Miranda, Henrique Capriles. Uzcátegui indicó que aunque la controvertida resolución rige la conducta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en protestas, y el presunto autor de la muerte de Roa fue un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, “el gobierno debe parar la criminalización de la protesta”.

Dijo que el caso del joven tachirense se enmarca en otros de la región y del país en los que en manifestaciones ha habido muertos y heridos. “Observamos un patrón en el que los funcionarios accionan el arma a corta distancia con el objetivo de causar el mayor daño posible”, afirmó.

Capriles aseveró que el gobierno es el principal responsable de la muerte de al permitir el uso de armas de fuego en protestas.

“Un joven de 14 años asesinado por otro de 23. Nuestra juventud ve sus sueños hundirse como resultado de un modelo que promueve odio”, indicó.

DC | vía EN
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