No hay justicia ni piedad para los venezolanos

Lea el caso de investigación del diario El Nacional a continuación.

Lograr que se haga justicia en los casos de homicidios en Venezuela es una tarea titánica para los familiares de las víctimas, pero el camino se vuelve aún más escabroso cuando el victimario logra huir del país. Esta es la sensación de los familiares de Bárbara Miguel González Camanica, una joven que tenía 26 años de edad cuando fue asesinada por su pareja en El Tigre, en Anzoátegui.

El 29 de junio de 2009, González fue golpeada en la cabeza con un bate. Posteriormente fue rociada con gasolina y prendida en fuego. Murió cinco días después en el Hospital Militar de Caracas Carlos Arvelo. El presunto homicida es Alejandro Iglesias Zurita, de 32 años de edad. Actualmente está preso en Santiago de Compostela, en España, mientras la familia de la mujer espera que se haga justicia.

“Nosotros sólo queremos saber quién nos puede dar orientación porque no sabemos si se está trabajando el caso. Si las autoridades venezolanas no proceden, este monstruo quedará en libertad”, expresó Rosario Camanica, madre de Bárbara González.

El calvario de la familia González Camanica comenzó el día que Bárbara fue quemada. Iglesias la llevó a una clínica privada y el médico que la atendió llamó a la policía porque la versión del hombre no lo convenció. “Él primero dijo que ella estaba echando gasolina y se había quemado, pero el doctor no le creyó porque Bárbara estaba completamente desnuda. Después dijo que la había conseguido en la calle y la había auxiliado, pero la policía logró determinar que él la quemó en el apartamento”, dijo la madre de la joven.

El homicida no fue detenido y logró salir del país en diciembre de 2009. Después que huyó fue librada una orden de captura internacional y gracias a la alerta roja de Interpol fue aprehendido el 13 de junio de 2010.

Un asunto político. El Ministerio Público solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la extradición de Iglesias, pero la Audiencia Nacional española decidió en febrero de 2012 que sólo entregarían a Iglesias si Venezuela entregaba a ese país –en un lapso de 60 días y basándose en el principio de reciprocidad– al presunto etarra Arturo Cubillas, que para ese momento era el jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras.

“Nosotros lo que queremos es que se haga justicia con la muerte de mi hija, no política. Por su caso han pasado 11 fiscales, y entre ellos el fiscal nacional Luis Palmares, que lejos de ayudarnos lo que hizo fue una pieza del expediente, en la que había atenuantes contra ese monstruo que mató a Bárbara”, señaló Miguel González, padre de la mujer asesinada.

Para sus familiares lo más importante es que la Cancillería, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público los orienten y les expliquen qué deben hacer para que el expediente contra Alejandro Iglesias Zurita llegue a las autoridades españolas, y pueda ser enjuiciado y condenado en España, porque de lo contrario podría quedar en libertad.

En mayo de 2012 las autoridades españolas archivaron el proceso de extradición contra Iglesias debido a que el Gobierno venezolano ignoró los requerimientos de la Audiencia Nacional, pero se presentó una querella criminal contra el detenido para evitar que quedara en libertad.

“Estamos cansados de pedir audiencia en la Cancillería, hasta cuando estaba Nicolás Maduro como canciller, pero jamás nos han atendido. Más amable han sido los funcionarios del consulado español que nos han atendido tres veces, pero ya nos da pena seguir molestándolos porque quienes tienen que actuar son las autoridades venezolanas”, dijo la madre de la víctima.

Una relación sospechosa. Casi cuatro años han pasado desde que fue asesinada Bárbara González y sus padres sólo piden un poco de información. El tiempo no ha logrado aliviar el dolor que significó para ellos perder a una hija, pero ahora con más calma recuerdan que el presunto homicida siempre les pareció un tipo sospechoso.

“El día que la mataron ella me dijo: ‘Mamá, ahora sí estoy decidida, y me voy”. Después, los vecinos dijeron a la policía que ellos esa noche escucharon una fuerte discusión y el resultado fue que ella terminó muerta. “A mí ese hombre nunca me dio buena espina, pero nosotros no lo conocíamos mucho”, dijo Camanica.

Sólo les queda esperar que las autoridades venezolanas en algún momento les den una audiencia para que les informen de qué manera se puede hacer llegar el expediente del caso a España para que sea juzgado y condenado por el homicidio de Bárbara González en ese país.

El Nacional