En la gestión de Iris Valera han muerto 869 reclusos

En la conferencia de prensa Prado estuvo acompañado de Marianela Sánchez, coordinadora judicial del OVP, y de Karine Espinoza, del área internacional, en la que presentaron el nuevo logotipo de la organización.

Fugas y muertos. El informe de 2012 indica que 193 reclusos se fugaron. 68 se fueron de comandancias de policía; 59, de centros de reclusión; 36 se evadieron de hospitales; 25, de destacamentos de trabajo; hubo 4 fugados de tribunales, y uno se evadió de un bus que lo llevaba a un juzgado.

El año pasado asesinaron a 5 familiares de presos y 13 resultaron heridos dentro de penales. De 2007 a 2012 ultimaron a 6 directores y a un subdirector de cárceles. Un guardia nacional y un custodio murieron en Cumaná y Coro, respectivamente. A 49 ex presidiarios los mataron al salir en libertad.

En 2012 las autoridades de Uribana descubrieron la construcción de 15 túneles. Excavaciones similares hallaron una en Rodeo II y otra en Tocorón.

El informe señala que cinco de los penales más violentos están bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La investigación del OVP en las cárceles, indica igualmente que 10 presos murieron por VIH-Sida en 2012. Las enfermedades más frecuentes entre los reclusos son escabiosis, hongos, herpes, gastrointestinales, así como tuberculosis, hepatitis B y C.

Respuesta a Jaua. Humberto Prado respondió al canciller Elías Jaua quien señaló que la alta comisionada de la ONU se apresuró al hablar de los sucesos de Uribana. “Apresurado es apresurarse a dar conclusiones sin investigar, sin respetar a las víctimas y sus familiares, sin identificar plenamente a los fallecidos”, indicó el director del OVP.

Luego recomendó que la Asamblea Nacional apruebe el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, que fue firmado por el Estado el 1º de julio de 2011, con el fin de que el subcomité contra la tortura haga una visita a Uribana y otros penales.“Además que el subcomité emita las recomendaciones que deben hacerse públicas y el Gobierno se comprometa a su incondicional cumplimiento”, puntualizó Prado.

 DC/El Nacional