«Quiero devolverle las llaves a Elías Jaua porque ahí perdí a mi familia”

Tres días después, en el pasillo del edificio donde mataron a 9 personas durante una fiesta en un apartamento de la urbanización Lomas de La Guadalupe, en Ocumare del Tuy, todavía estaban las botellas de cerveza vacías y los restos de sangre en las paredes. Aunque lavaron con agua y jabón el piso, el tiroteo dejó agujeros en una tanquilla de gas y en una columna que indican que allí mataron a siete integrantes de la familia Urbano y a dos de sus vecinos.

En los otros apartamentos cierran las ventanas y se asoman con temor entre las sábanas que usan como cortinas cuando ven a desconocidos. En la planta baja, desde el apartamento contiguo al de los Urbano una mujer dice que no siente miedo: “No tengo problemas con nadie», pero no abre la puerta. “Nunca había vivido algo así y eso que siempre estuve en un barrio”. Vive allí con sus cinco nietos, su hija y su yerno luego de que el gobierno los sacó de un barrio inestable en Manicomio y los trasladó al urbanismo de la Misión Vivienda.

En el edificio al frente no se atreven a acercarse al bloque donde ocurrió la masacre. “Escuché los tiros. Fue un rato largo pero como no escuchaba gritar a nadie seguimos durmiendo”, comenta otra vecina que vivía en El Junquito y hace dos semanas se mudó a la zona.

Los apartamentos 3B, 4B y 2B que ocupaba la numerosa familia de 13 hermanos que integraban los Urbano están vacíos. Dicen que no volverán porque temen que terminen de matar al resto. La balacera de la madrugada del domingo 26 de abril los convirtió en desplazados. “Quiero devolverle las llaves de esos apartamentos a Elías Jaua porque ahí perdí a mi familia”, expresó la madre de Yovel Urbano mientras enterraba a su hijo en el Cementerio Municipal de Charallave.

El joven de 20 años de edad recién se había graduado de bachiller y trabajaba como chofer. Era primo de los cuatro hermanos que fueron asesinados ese día y el último que enterraron el miércoles 29 de abril. Él y su mamá también fueron adjudicados en el conjunto residencial, pero todavía no se habían instalado.

Los Urbano vivían en una invasión cerca del relleno sanitario de La Bonanza, adonde llegan los desechos de la capital y de casi todo el estado Miranda. Allí trabajaban. Sus ranchos fueron demolidos cuando les adjudicaron los tres apartamentos en Lomas de La Guadalupe. El 27 de marzo les entregaron las llaves de las viviendas a ellos y a 60 familias más. El sábado 25 de abril celebraban un cumpleaños e invitaron a tíos y primos para también festejar que tenían un apartamento.

La fiesta era dentro de la vivienda y se extendía al pasillo del edificio. Unos hombres llegaron cerca de la 1:00 am y compartieron bebidas con los asistentes. Una hora después sacaron sus armas y sin mediar palabras dispararon contra los hombres de la familia que se encontraban en el lugar. Las versiones extraoficiales sobre el hecho indican que el móvil del crimen sería un conflicto por drogas que traían desde que vivían en La Bonanza.

Los tiros se escucharon durante 20 minutos y luego solo hubo silencio. Dos horas después se escuchó el llanto de las mujeres que estaban resguardadas en un cuarto y los vecinos comenzaron a salir. Los cuerpos de Aníbal José Cedeño Urbano, de 40 años de edad; José Gabriel Urbano, de 29 años; Jorge Luis Cedeño Urbano, de 33 años; Yovanny José Urbano, de 37 años; y Carlos José Cedeño Urbano, de 26 años; Yovel José Urbano Santamaría, de 20 años; Plácido Delgado Ávila, de 49 años, Frank Alexander Arévalo, de 21 años; Jefferson José Reyes, de 16 años, quedaron tendidos entre el piso del apartamento, el pasillo y la grama de entrada de la torre 15B del urbanismo.

Edesia Margarita Navarro, una de las primas de la familia, quedó herida de bala en el estómago y permanece en un hospital en Caracas, mientras que una de las amigas de la familia que recibió un impacto de bala en el glúteo fue dada de alta. Las hermanas Urbano se mudaron a casas de familiares en Santa Teresa del Tuy y Nueva Cúa.

Vecinos que no se conocen. “Uno viene de barrio y sabe quiénes son los malandros, pero aquí se llega nuevo y no se sabe quién es el malandro para cuidarse”, dice una vecina que vivía arrimada en Charallave hasta que hace seis meses le adjudicaron un apartamento en Lomas de La Guadalupe, cuya desolación hace pensar que la urbanización no está habitada.

La primera etapa del conjunto tiene 600 apartamentos y empezó a ocuparse en noviembre de 2014 con personas que provenían de la Torre de David, El Junquito y Valles del Tuy. Quienes viven en esos primeros tres edificios no se acercan hacia otras áreas de la urbanización a pesar de que ahora hay policías patrullando la zona.

El día del asesinato de las nueve personas no fue la primera vez que escucharon tiros en el urbanismo. “Aquí vienen personas de Ciudad Betania para imponerse y lanzan tiros al aire para asustar, pero jamás habían matado a alguien”, expresó una vecina que vivió en un refugio en La Rinconada por tres años antes de mudarse a Ocumare del Tuy.

Una carretera separa Ciudad Betania de Lomas de La Guadalupe. Vecinos denunciaron que miembros de bandas que viven en Ciudad Betania tratan de imponer su fuerza a los nuevos habitantes del conjunto recién construido.

Al día siguiente de la masacre de los Urbano, la GNB entró a la torre 47 del sector Los Robles de la IV etapa de Ciudad Betania para buscar a los presuntos responsables del crimen múltiple. Cuando iban a entrar a un apartamento fueron recibidos con una granada que mató al sargento segundo Eussony Mendoza y a 5 civiles más que se enfrentaron con los funcionarios.

Comerciantes denuncian extorsión de grupos armados
Argenis Pineda, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes Preventivos, denunció que desde hace 3 semanas motorizados dejaron panfletos en 14 comercios que no están inscritos en la asociación en el que informan que un grupo que se hace llamar “Colectivos Bolivarianos de Venezuela”, supuestamente adscrito al Ministerio del Deporte, se encargará de acabar con bandas dedicadas al robo de vehículos, secuestros o venta de drogas. En el panfleto señalan que inspeccionarán centros comerciales y juntas directivas del transporte público para evitar el abuso en precios en las zonas de Guarenas, Guatire, Higuerote y Valles del Tuy para “tomar justicia”. Aseguran que forman parte de cuerpos militares y policiales. A quienes lo han recibido les piden entre 8.000 y 12.000 bolívares semanales para cumplir con la misión. Firman la carta citando: “Viva Chávez y Nicolás Maduro: Amén”. La asociación denunció la irregularidad y el colectivo no se ha vuelto a ver en la zona.

Pineda explicó que hace 6 años 380 comerciantes se agruparon para combatir la inseguridad en Ocumare del Tuy. Se equiparon con radios transmisores y trabajan en conjunto con la policía de Tomás Lander.

Los robos en las salidas de los bancos y el hurto de vehículos ocurren casi a diario en Charallave y Ocumare del Tuy. El 28 de abril, en pleno mediodía, la Policía de Cristóbal Rojas frustró el secuestro de un administrador cuando sacaba el dinero de la nómina de empleados.

Pineda, dueño de una confitería en el centro de Ocumare del Tuy, señaló que el municipio solo cuenta con 80 funcionarios de 190 que había hace 2 años. Polimiranda solo tiene una patrulla en la que salen 3 oficiales a patrullar, mientras otros 3 policías se quedan en el comando. El trabajo de los policías en los Valles del Tuy es limitado. El fin de semana de la masacre en Lomas de La Guadalupe habían sido desplegados 2.200 funcionarios de la GNB y la Guardia del Pueblo en Miranda. Un agente de Policharallave explicó que sus funciones se limitan a resguardar las zonas comerciales porque residenciales como Ciudad Miranda, Jabillito, Las Brisas, La Mata y el Cerrito son impenetrables. En lo que va de 2015 han asesinado a 5 policías en Ocumare del Tuy y Charallave.

DC | El Nacional | Foto: Web