En el marco de la lucha anticorrupción, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció desde el auditorio del Ministerio Público que develaron una nueva trama de corrupción en Petróleos de Venezuela por la compra de 400 cisternas de aluminio para el transporte de combustibles.

Expresó que el daño ocasionado a la nación supera los 18 millones y medio de dólares.

El Ministerio Público detectó que la compra de 400 cisternas de aluminio para el transporte de combustibles  se dio incompleta y sin las especificaciones técnicas apropiadas para su uso en Venezuela.

Comentó que en el año 2010, en el marco de la emergencia eléctrica, Pdvsa decidió la compra por adjudicación directa de 300 cisternas a la empresa mexicana Trailers y Tanques de Aluminio S.A. Esto a pesar de que compras anteriores se habían realizado a empresas chinas.

El Fiscal afirmó que Pdvsa pagó cerca de 19 millones dólares por 234 cisternas, sin embargo le fueron entregadas 168 cisternas, quedando 66 pendientes por entregar

Es así como las cisternas no cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas por la estatal petrolera, por lo que se tuvo que hacer una nueva contratación para adecuarlas. Es por esto que el Ministerio Público determinó que la operación no se realizó adecuadamente y las cisternas no pudieron ser utilizadas para el fin destinado.

Por otra parte el Ministerio Público investiga otro contrato con la empresa mexicana Armadora Carrocera CABAN, S.A., por 100 cisternas más que no fueron entregadas.

La Fiscalía 26º Nacional con competencia plena investiga este desfalco por el cual se han solicitado 9 órdenes de aprehensión. Las órdenes fueron solicitadas en contra de: Pedro Jiménez y Carlos Brett expresidentes y gerentes generales de la Empresa Nacional de Transporte y Robert Korzaka también exgerente general de la misma empresa.

Asimismo Jesús González, subgerente administrativo del Distrito Barinas; José Márquez, gerente de Ventas Industriales; José Maestre, gerente de Planificación adscrito a Bariven y Mario Villamizar, gerente de Mantenimiento de Flota de la División Boyacá.

También se requirió la aprehensión de Samuel García, gerente de Mantenimiento y Angelina Peña, analista de Contrataciones ambos de la Empresa Nacional de Transporte.

A estas 9 personas se les imputará los delitos de peculado doloso propio, asociación, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación.

El Fiscal General finalizó su declaración afianzando el compromiso que tiene el Ministerio Público con el bienestar social y económico de la nación.