El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, diputado José Luis Pirela, continúa investigando el entramado de corrupción y delincuencia organizada de Oswaldo Nania y su grupo estructurado.
Hasta la fecha, se ha determinado que el clan Nania está conformado por: Jeanlu Nieto, Oswaldo Nania, Antonio Nania, y Alfredo Nania. Este clan ha lavado dinero proveniente de la corrupción y otras actividades delictivas, en la que ha participado activamente, abogados, contadores, empresarios, altos funcionarios gubernamentales, jueces y fiscales.
Testigos y exfuncionarios gubernamentales refieren que al margen de su nefasta sociedad con el ingeniero Fernándes de Odebrecht, el clan Nania realizó negocios turbios con PDVSA, y el ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero y Ecológico con un grupo financiero ubicado en el estado Zulia.
El parlamentario explicó que Oswaldo Nania defalcó más de 50 millones de dólares al Estado venezolano, con la obtención de dólares preferenciales, con una sobrefacturación para la adquisición de maquinarias y equipos para ejecutar obras de Odebrecht, con lo cual, utilizó a la empresa “Prill suministros”, propiedad de Roberto Fraiz quien recibía una comisión por las importaciones fraudulentas. En el transcurso de la investigación logramos obtener las facturas (originales y forjadas), correos electrónicos y la declaración jurada de varios testigos y extrabajadores de Nania que han entregado información fundamental para seguir la ruta al dinero saqueado.
Asimismo, el clan Nania se ha aprovechado de la polarización política existente en Venezuela para comprar a fiscales y jueces que sin fundamento jurídico han cerrado diversas causas, en las que se ha comprobado su participación en muchos casos como: corrupción, lavado de dinero, estafas, apropiaciones indebidas, amenazas, extorsiones y hasta violencia contra la mujer.
Los resultados arrojados por esta investigación indican que uno de los casos documentados que comprueban la participación del clan Nania con la corrupción judicial, tiene que ver con el levantamiento de medidas cautelares y patrimoniales, solicitadas por la Procuraduría General de la República, que actuó para salvaguardar los intereses del Estado. En este caso, la juez responsable fue Elena Cassiani Cabarcas que públicamente dice que está cumpliendo órdenes de arriba (expediente 21C-18-361-15). Con esta decisión se perjudicó al Estado porque el clan Nania debía cumplir con la construcción de obras (inconclusas) encomendadas por Odebrecht, y el levantamiento de las medidas trajo como consecuencia que Nania dispusiera de los recursos que preventivamente estaban congelados y los trasladara a territorio norteamericano y europeo haciendo un uso fraudulento de su sistema financiero.
Además, las indagaciones han corroborado que uno de sus abogados, José Luongo, presuntamente, constituyó conjuntamente con Oswaldo Nania, una casa de bolsa en Moldavia para lavar el dinero cuyo origen no pueda ser demostrado. Por ello, esta Sub Comisión enviará a las autoridades financieras de Moldavia, al jefe del parlamento moldavo y a la Unión Europea el informe documentado para que determinen las responsabilidades y demás determinaciones sobre el clan Nania y la relación con su abogado José Luongo, quien a su vez es primo de Diego Salazar Carreño, detenido recientemente por su presunta vinculación al conocido caso de blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra.
Agregó Pírela que las instituciones financieras en general, son el canal utilizado para realizar la legitimación de capitales y son las personas y sus sociedades sus víctimas al percibir y sufrir cambios artificiales y desfiguraciones macroeconómicas en su entorno y finanzas. Esta realidad desprestigia a las Instituciones Financieras, las cuales están sometidas a marcos regulatorios que deben cumplir con el fin de mitigar el delito y evitar sanciones.
“En los próximos días esta Sub Comisión enviará a las autoridades migratorias europeas y norteamericanas la documentación correspondiente a la actividad delictivas desplegada por el clan Nania en territorio norteamericano (Florida), y sus empresas relacionadas: 22300 SW, LLC; O & J8, LLC; MYB502, LLC; ONN REAL ESTATE GROUP MIAMI, LLC; JADE JO REAL ESTATE GROUP MIAMI, LLC; JEALTO GROUP EDUCATION, LLC; NANIA GROUP, LLC; BRICKELL HEIGHTS 4806, LLC; THE BOND 1707, LLC; EN AT 11 ST, LLC”, declaró el diputado.
Del mismo modo, solicitará que los oficiales de cumplimiento de la Banca de Mónaco, Montecarlo, el Citibank, Sella Bank y Stanford Bank exijan a las personas que conforman el grupo estructurado del clan Nania el origen de los fondos que han depositado en esas instituciones financieras, y cumplir con la Declaración de los Principios de Basilea; el Grupo de Acción Financiera GAFI, y los Principios de Wolberg.
“El descaro de Oswaldo Nania Nuzzo, y Antonio Nania Nuzzo es de tal magnitud que han utilizado los sistemas financieros americano y europeo para legitimar capitales. Por eso deben explicarles a las autoridades norteamericanas el origen de los fondos reclamados judicialmente a Stanford International Bank, LTD en El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas División Dallas”, sentenció Pírela.
Los representantes del Clan Nania son sujetos obligados y como tales tienen la obligación de colaborar con las autoridades para identificar la información de las transacciones financieras, y económicas, inusuales y sospechosas. En materia de delincuencia organizada ningún profesional o funcionario público debe ocultar información sobre este tipo de actividades ilícitas, por ello, para nada sirve excusas como el secreto profesional, y ninguna fórmula que contribuya con la impunidad como la amnistía ni el indulto. Los delitos relacionados con la delincuencia organizada y contra el patrimonio público no prescriben y los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público deben ser confiscados.
La Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada tiene un compromiso con Venezuela. Esta comisión parlamentaria está firmemente decidida a combatir los delitos económicos que representan una de las fuentes de ingreso potencial de la delincuencia organizada, y está comprometida a unir esfuerzos entre todas las naciones, a través de la cooperación para detectar las actividades que buscan financiar hechos criminales, los que atentan contra la seguridad económica, política y social de los ciudadanos.
DC / NP
