Pacientes renales de Venezuela urgen por ayuda humanitaria

La situación de los pacientes con insuficiencia renal alcanza los niveles más urgentes en Venezuela. La paralización del tratamiento en las unidades para diálisis ha provocado la muerte de, al menos, ocho personas según reportes de los medios de comunicación, sin contar los casos de los fallecidos que aún no han sido denunciados en la prensa.

La irregularidad e intermitencia en el suministro de los insumos, como los dializadores, pone en riesgo la vida de alrededor 16 mil venezolanos que dependen de los tratamientos que se realizan en los hospitales y unidades de diálisis extrahospitalarias. De acuerdo a información extraoficial, 32 de 129 unidades de diálisis cerraron en 13 entidades del país y la mayoría de las unidades de hemodiálisis están colapsadas.

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) pudo comprobar la gravedad de la situación en el estado Zulia, en donde se reportaron cinco fallecidos a raíz de la falta de tratamiento para dializarse. 

Dos de los fallecidos eran pacientes del Centro de Diálisis de Occidente (CDO), adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde se tratan 239 pacientes renales. En el centro informaron que solo cuentan con dializadores hasta el sábado 10 de febrero, y que a diario pasan un inventario de los insumos que requieren al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, encontrándose a la espera de una respuesta efectiva para seguir operando.

Los pacientes del Centro de Diálisis de Occidente denunciaron que de las 35 máquinas dializadoras que operan, 16 están dañadas y que un día de la semana pasada dejaron de recibir el tratamiento. “La semana pasada, en todo el grupo, cada quien perdió un día de diálisis por falta de insumos”, dijo Mercedes Rojas, esposa de un paciente con insuficiencia renal, quien a raíz del día sin diálisis presentó complicaciones en su organismo y requiere silla de ruedas para trasladarse.

En la Unidad de Diálisis del Lago (Unidialca), Marys Aular, director médico del centro, indicó que cuentan con insumos hasta el sábado 10 de febrero para seguir brindando tratamiento gracias a una donación de particulares a pesar de que la distribución de insumos depende del IVSS. “Cuando llegan los insumos para la diálisis, llegan primero a Caracas y el almacén empieza a distribuir a todas las unidades del país”. Aular indicó que anteriormente esta dotación alcanzaba para el tratamiento de dos a tres meses, pero ahora solo cubre dos semanas.

De las 20 máquinas dializadoras con las que cuentan en el centro, tres están paradas, una por falta de repuestos y otra porque se encuentran a la espera de un técnico que viene de Valencia, pues en el Zulia no hay especialistas para la reparación de las máquinas dializadoras.

El deterioro de los servicios públicos se suma a las complicaciones de los pacientes renales, quienes se ven afectados por las fallas en la electricidad y la falta de agua en algunas unidades de diálisis.

La falta de tratamiento de diálisis es mortal para los pacientes renales, pues solo así pueden eliminar las sustancias tóxicas del sistema sanguíneo que quedan retenidas a causa de la insuficiencia renal. Según la Organización Mundial de la Salud entre las enfermedades catastróficas, de alto costo, riesgo y largo plazo se encuentran la insuficiencia renal crónica terminal, que requiere tratamiento por toda la vida del paciente.

El Estado venezolano tiene obligaciones que cumplir en materia de salud que se relacionan directamente con el tratamiento de diálisis para los pacientes renales, obligaciones que están contempladas en la Constitución Bolivariana de la República, Ley Orgánica de la Salud, Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y Ley de Unidades de Diálisis.

La evidente carencia de suministro de insumos provistos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de la falta de unidades de diálisis y hasta de servicio técnico para su mantenimiento ha llevado al extremo la situación de los pacientes renales. El Estado ha demostrado su incapacidad para garantizar derechos fundamentales como la salud y la vida, situación que ha causado complicaciones en el cuadro de salud de los pacientes y muertes prevenibles.

Codhez rechaza las declaraciones de autoridades estatales que afirman que en Venezuela no existe una crisis humanitaria, y exigimos la apertura de un canal humanitario para detener el sufrimiento de miles de venezolanos a causa de la escasez de insumos, recordando que el Estado debe rendir cuentas por el incumplimiento de sus obligaciones para la defensa de los derechos fundamentales.

La Verdad