Otorgaron libertad plena a los 59 colombianos que Maduro acusó en 2016 de “paramilitares”

Un juzgado de Caracas dejó en libertad a los 59 colombianos, 54 de los cuales son costeños, y que se encontraban detenidos en la capital venezolana desde hace un año y tres meses acusados de paramilitarismo, publicó El Heraldo.

Mediante sentencia 1725-17, el juzgado 27 de primera instancia de control, a cargo de la jurista Zulay Salazar González, otorgó este martes la “libertad plena” de los connacionales.

Así las cosas, la sentencia decreta “la libertad plena de los ciudadanos de nacionalidad colombiana de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de garantizar la libertad individual, el derecho a la salud y cumplir con los convenios y tratados internacionales establecidos en los artículos 44 numeral 1, 83 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana”.

Agrega que los connacionales “se encuentran en calidad de resguardo de la Policía Nacional venezolana” y subraya que ellos “no estaban aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna”.

Sergio Aranguren, abogado que ejerce como defensor del grupo de connacionales en Caracas, señaló que la medida “es un valioso logro, aunque no se contó con la asistencia jurista del Estado Colombiano se pudo ligar la libertad del colectivo”.

“Esto lo logramos con trabajo duro. Pudimos demostrar que este grupo estaba sometido a una violación sistemática de los derechos humanos y en condiciones deplorables de salud”, señaló el letrado venezolano.

De igual manera, Aranguren agradeció a EL HERALDO por “las publicaciones realizadas en relación a este caso, pues me sirvieron para sustentar la defensa del grupo ante los tribunales venezolanos”.

Este grupo de connacionales permanecía detenido en Venezuela desde septiembre de 2016, señalados por el presidente Maduro de “mercenarios” y “paramilitares” sin que hasta ahora se les haya imputado cargos y en condiciones humanitarias lamentables.

“Resguardo Humanitario”

En su momento, Germán Castañeda Benavides, encargado de Negocios y máximo responsable de la Embajada de Colombia en Venezuela (dado que el embajador Ricardo Lozano fue llamado a consultas hace siete meses a Bogotá) haía señalado a EL HERLALDO que el gobierno venezolano le manifestó al embajador Lozano que los detenidos estaban en “resguardo humanitario”.

“Legalmente esa figura no existe. La posición del gobierno colombiano es clara y les hemos dicho que si ellos tienen algún delito formal que los presenten a un tribunal y si tienen una irregularidad migratoria que los deporten”, comentó Castañeda

El jurista agrega que, de igual manera, Lozano se reunió con el viceministro de América Latina y el Caribe -en cuatro oportunidades- y con el ministro del Interior. También, telefónicamente, solicitó al Defensor del Pueblo su intervención, “pero ninguno de los casos surgió efecto”.

El gobierno de Maduro se mantuvo en completo silencio ante la situación, mientras que el gobierno del presidente Santos señaló que unas 24 notas consulares y verbales se enviaron por la Cancillería, la Embajada y el Consulado de Colombia en Venezuela al gobierno del vecino país, en las que se solicitó esclarecer la situación.

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