La Casa Blanca estudia sancionar a Nicaragua por lazos con Venezuela

Opositores venezolanos se reunieron con funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump la semana pasada para exhortar a la Casa Blanca a sancionar a Nicaragua y a una empresa conjunta, que alegan ayuda al gobierno de Caracas, según varias fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Cinco miembros de la oposición venezolana se reunieron el jueves en el Capitolio con funcionarios del Departamento de Estado y personal de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara y el Senado. Los opositores exhortaron a Washington a investigar los lazos del presidente venezolano Nicolás Maduro con Nicaragua, y específicamente la compañía privada Albanisa, una empresa conjunta entre PDVSA, el monopolio estatal petrolero venezolano, y su contraparte nicaragüense.

“PDVSA tiene operaciones con otros países que deben investigarse y deben incluirse en las sanciones, como la empresa que PDVSA estableció con Nicaragua, Albanisa”, dijo a McClatchy Carlos Vecchio, coordinador nacional del partido opositor venezolano Voluntad Popular.

En reuniones con el Departamento de Estado y legisladores, Vecchio dijo que Albanisa participa en actividades de corrupción, lavado de dinero y financiación del régimen de Maduro. No fue posible contactar de inmediato a ejecutivos de Albanisa para que comentaran al respecto.

Trump lanzó una serie de sanciones financieras para castigar a Venezuela y varios de sus líderes después que Maduro realizó una votación, ampliamente considerada un fraude, que inició el proceso de desbaratar instituciones democráticas. El ministro económico de la embajada de Estados Unidos en Managua entonces advirtió a los ciudadanos y empresas estadounidenses que revisaran sus transacciones de negocios con compañías afiliadas con Venezuela, como Albanisa, para asegurar el cumplimiento de las sanciones de Washington.

El gobierno de Trump ha prometido continuar aumentando la presión sobre el gobierno de Caracas hasta que restaure algunas instituciones democráticas.

El Departamento de Estado confirmó la reunión con los líderes opositores venezolanos, pero funcionarios del gobierno declinaron discutir la posibilidad de extender las sanciones a entidades fuera de Venezuela.

“Todas las opciones están sobre la mesa”, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que ha jugado un papel clave en calibrar la respuesta de Washington a Maduro.

En el Departamento de Estado, un funcionario de la División de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo que el gobierno de Trump seguirá monitoreando la situación política en Venezuela y tomará medidas contra los que piense que están abusando de sus cargos y violando los derechos del pueblo.

“Mientras el régimen de Maduro siga comportándose como una dictadura autoritaria, estamos preparados para usar el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos sobre el gobierno en apoyo al pueblo venezolano, en momentos que tratan de restaurar su democracia”, dijo el funcionario del Departamento de Estado.

Algunos legisladores parecen listos para tomar medidas contra Nicaragua.

“Nicaragua sigue ofreciendo su apoyo incondicional a Nicolás Maduro y su régimen dictatorial en Venezuela”, dijo la representante Ileana Ros-Lehtinen, republicana de la Florida, en un discurso reciente en el pleno de la Cámara. “Necesitamos estudiar más de cerca estos lazos”.

En el informe de Transparencia del 2017 del Departamento de Estado, se indicó que Nicaragua no ha reportado públicamente toda la asistencia que recibe de Venezuela ni auditado debidamente las operaciones de Albanisa.

“Esta asistencia no ha estado sujeta a una supervisión de auditoría o legislativa”, agrega el informe. “Las asignaciones de fondos a empresas estatales, y sus ganancias, se incluyeron en el presupuesto de manera neta, pero la mayoría de esas empresas estatales, incluida ALBANISA, no han sido auditadas”.

El gobierno de Trump ha sancionado a 40 venezolanos, entre ellos el propio Maduro. En agosto, el gobierno federal emitió sanciones económicas que restringen la capacidad de Venezuela de tomar dinero prestado de acreedores estadounidenses y prohibió la negociación de bonos de deuda emitidos por el gobierno y venezolano y PDVSA.

DC | El Nuevo Herald