La consulta cívica, por Luis Acosta

Nada distinto mereció el empeño fecundo, alborotado pero serio desempeño y particular energía humana que el resultado de un trabajo dedicado, sereno y arrollador de siete millones seiscientos mil votos en la consulta cívica del domingo 16 de julio pasado. Esta suma era necesaria para insistir y convencer ante Maduro y el mundo que el pueblo consideró injusto ese procedimiento mediante el cual su régimen quiere imponer la aprobación de una constituyente espuria, impura e inconsulta que es buena para sus proyectos y ambiciones pero mala y provocadora para el resto del conglomerado venezolano y, en razón de eso, el equilibrio no aparece y el aprovechamiento se ve. En este Plebiscito sucedió algo que se veía venir. El pueblo echado a la calle con sus votos y con las circunstancia de tener sobre sí un ejercicio del poder sin ninguna norma y respeto a las reglas de juego democrático. En efecto, el pueblo durante 100 días, sin importarle nada de sus bienes ni de sus vidas, se volcó a las calles terminando con esta magnífica consulta.

Por otra parte, un grupo de venezolanos y agregados continúan peleando por mantenerse en el poder, sencillamente poniendo a los controlados y creados constituyentistas al servicio inoportuno e ilegal del proceso gubernamental, sin consideraciones de ningún tipo e ignorando la vigilancia de afuera y dentro del país, que señalaron y propusieron aplicar la constitución y convocar a unas elecciones que, aun si les tocara perder, están incluidas en el estatuto legal venezolano. De sí, la alternabilidad de los gobernantes sigue siendo el único objeto y sujeto de fortaleza vital para la democracia y sus funciones y para vigilar y servir de control mundial han sido proyectadas organizaciones como la OEA y la ONU y los viejos observadores europeos. Estos controles pueden actuar por las vías analógicas, de suerte que, por ejemplo, puedan evitar que un grupo de nacionales sin escrúpulos, ni consciencia pública y civilizada, trabajando con el apoyo impropio de los ejércitos locales y en contubernio con políticos ambiciosos pero deshonestos y gobiernos abusivos quieran llegar a imponer una dueñería, sea de carácter dictatorial o no, investida de autoritarismo o secuestro, que les permite, con alevosía y ventaja, apoderarse de las instituciones y dineros del país para hacer con ellos lo que quieran y dispongan, incluso aún, su mal uso.

Desde luego esto no debe seguir sucediendo en el mundo moderno y organizado de hoy donde los países se están preparando, por no decir que ya llegaron, para la globalización del trabajo y el orden productivo, económico y político donde se impongan las mejores acciones para su rendimiento y su organicidad. Por lo tanto, no es posible que se llegue a necesitar de una docena de hombres o ciudadanos de una población cualquiera para hacerse del poder, gastar y repartir el dinero de todos y utilizar la institucionalidad nacional para usurpar el poder y hacerlo suyo sin cumplir las reglas. Además, estableciendo una forma de gobernar que no está permitida por la constitución. Eso es lo que tiene que alegarse ante el régimen y recordarles que el país es de todos y el abuso de autoridad no es intrínseco a las reglas del estado y del gobierno, y que existe en todo lugar un pueblo que aspira y espera y no quiere prepararse para acciones inhumanas y perversas de parte de un sector de su propia población y, peor, que estos crean que el resto de los venezolanos somos torpes y estúpidos.

Esta lección humana, vigorosa, guapa, útil y decisiva de las poblaciones y el alma y corazón de los venezolanos votantes y de vocación democrática, ya lo había hecho y dicho en su votación a la AN del 6Dic, 2015: Vuelve a otorgar, a corroborar y , pacientemente, a autorizar a la AN para dar los pasos políticos necesarios y aprobados en esta consulta legitima y popular para devolver a la Asamblea Nacional sus poderes, retornar a la democracia venezolana sus virtudes y, por último, ordenar al templado ejército venezolano a regresar a sus cuarteles y garantizar la tranquilidad del país y, mediante su colaboración, brindar su apoyo institucional en la realización de una votaciones generales en los próximos seis meses con la anuencia del nuevo CNE.

DC / Luis Acosta / Articulista