En ejercicio del 333 de la CN, por Pedro Segundo Blanco  (@pedrosegundoABP)

Los últimos acontecimientos en Venezuela, protagonizados por la Fiscal General de la Nación Luisa Ortega Díaz, denunciando la brutal y sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro y los cuerpos de seguridad del estado a su mando y la acción concreta interpuesta por ella, a través de un recurso ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde solicita la nulidad de todos los actos relacionados con la inconstitucional convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente; vienen a ratificar lo que el ministerio público por su intermedio advirtió hace unas semanas, sobre la ruptura del orden constitucional, cuando el máximo tribunal emitió las sentencias 155 y 156 que suprimió de un plumazo el poder legislativo nacional, para tomar para sí las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional perfectamente consagradas en el artículo 187 de la carta de 1.999 y provocar el inicio de las movilizaciones populares masivas, continuas y contundentes a lo largo y ancho del país, con el único propósito de restituir el hilo constitucional, las funciones legislativas, el derecho al voto, el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario, que permitan recuperar la Democracia y la paz en nuestra Venezuela.

Por cumplir con sus obligaciones constitucionales, la señora Fiscal Luisa Ortega Díaz está siendo objeto de todos los calificativos y epítetos por parte de los alabarderos y francotiradores de la dictadura, desde el dictador para abajo no se cansan en señalarla desde lacaya del imperio, agente de la burguesía y el terrorismo, hasta corrupta, traidora y apátrida, porque para los asaltantes del poder, quien no avale las tropelías y despropósitos acometidos por ellos desde la fuerza del gobierno, son señalados, pulverizados, apresados y hasta asesinados, tal como ocurrió con el cuestionado fiscal Danilo Anderson y otros altos personeros de este narco régimen, que han caído en estos 18 años de lujuria roja, que en los próximos días, cuando  salgamos de él, quedará plasmado como la peor desgracia que le haya podido ocurrir a Venezuela en su historia republicana.

Frente a este nuevo, delicado e interesante cuadro en que se encuentra la Nación, la dirigencia política, gremial, los factores democráticos, los que aún se identifican como chavistas y el pueblo en general, revestidos o no de autoridad, estamos en la histórica obligación de adherirnos al recurso interpuesto por la Fiscal General, para impedir a todo evento el fraude de la Constituyente sin convocatoria del poder originario que es el pueblo venezolano y exigir a quienes tienen la responsabilidad de llevar los uniformes de nuestras Fuerzas Armadas, desde los altos mandos, la oficialidad y la tropa, un pronunciamiento inmediato en este sentido, porque de acuerdo y en ejercicio del artículo 333, la Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella y en tal eventualidad es responsabilidad de todos contribuir para el restablecimiento de su efectiva vigencia. La suerte y el destino de la República, depende de todos nosotros. Manos a la obra!

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes”

DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex parlamentario del estado Sucre / petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP