VP denuncia uso de tribunales militares para juzgar ilegalmente a sus activistas

El coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, denunció la utilización de la “justicia” militar como brazo ejecutor del “Plan Siembra” contra los dirigentes y activistas de la tolda naranja, encabezado por el vicepresidente de la dictadura Tareck El Aissami, montaje mediante el cual se pretende desarticular la lucha pacífica de calle del partido político y la detención de sus activistas.

“Hace 2 meses atrás, nuestro coordinador nacional Freddy Guevara advirtió sobre el ‘Plan Siembra’ y sabíamos que lo que está ocurriendo iba a pasar. El principal autor de este plan es Tareck El Aissami, quien fue designado para amedrentar y perseguir a la dirigencia política. El 11 de enero fue detenido el diputado Gilber Caro junto a Stayci Escalona; el pasado 22 de abril fue el turno de uno de nuestros activistas de El Valle, Aldo Rosso; el 10 de mayo se llevaron al profesor Sergio Contreras por el simple hecho de tener un megáfono y apoyar una concentración en La Candelaria, fue juzgado por un tribunal militar, y este domingo apresaron al también profesor universitario Jorge Machado, coordinador nacional de organización de Voluntad Popular, inventando una vinculación con el financiamiento y organización de los ataques vandálicos que se han generado durante las protestas convocadas por la Unidad Democrática”.

Recordó el carácter irregular e inconstitucional de las detenciones de cada uno de los miembros de la tolda naranja, quienes han sido presentado ante instancias militares cuando son civiles. “Aldo Rosso fue detenido cuando llegaba a su casa, solo llevaba un coala y ahora pretenden alegar que llevaba cientos de uniformes militares. El profesor Sergio Contreras, quien fue detenido en una manifestación pública, llevaba solo un megáfono en la mano, este instrumento le ha dado mucho miedo al gobierno, porque le temen a la verdad. Ahora ellos dicen que, dentro de ese megáfono, Sergio tenía explosivos. El también profesor Jorge Machado formaba a nuestros jóvenes estudiantes y pretenden acusarlo de rebelión militar e incitar al odio con un megáfono. Su verdadero delito es hablar por la verdad, con valentía y liderar a un pueblo que quiere cambio. Hoy pretenden presentar a los tribunales militares en Fuerte Tiuna a otro joven activista del municipio sucre. Todos ellos han sido presentados ante la justicia militar bajo los supuestos delitos de rebelión militar, incitación a la violencia, sustracción de armamento militar y traición a la patria ¡Son unos absurdos y nadie les cree!”.

A juicio de Mejía, el Ejecutivo ha perdido el control que tenía sobre los tribunales civiles y el Ministerio Público, y por eso ha tenido que recurrir a los militares que responden directamente a Nicolás Maduro, Comandante en Jefe de las FANB y Tareck El Aissami. Resaltó que este tipo de acciones son completamente inconstitucionales, por lo que exigió a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, fijar una posición firme en contra de estos juicios ilegales y establecer responsabilidades contra los funcionarios públicos que tengan algún tipo de vinculación.

“El régimen utiliza la justicia militar para perseguir a la oposición y a Voluntad Popular; pero, si algo tenemos claro es que no vamos a retroceder porque el gobierno tenga la intención de encarcelarnos. Nuestro líder Leopoldo López tiene más de tres años presos, pero nosotros seguimos aquí, dando la cara y llevando su mensaje por toda Venezuela. Si creen que con la violencia van a impedir que el cambio llegue al país, se equivocan. Las miles de personas que han salido a la calle desde el pasado primero de abril no van a volver a su casa así las amedrenten. Volver a nuestras casas significa condenar el futuro. Desde Voluntad Popular hemos sido claros en el planteamiento de #LaSalida y desde ese momento nuestros activistas han sido perseguidos por la dictadura. Estas acusaciones y estos atropellos nos garantizan que vamos por el camino correcto”.

El parlamentario alertó que la diputada por el estado Táchira, Gaby Arellano y la activista de Voluntad Popular, Ana Karina García, pudieran ser blanco de esta “olla podrida” del régimen denominada Plan Siembra, por presunta vinculación en las fuertes protestas que se han registrado en la entidad andina. Asimismo, informó que las detenciones a miembros del partido de Leopoldo López se han triplicado desde el pasado 1 de abril, fecha en que iniciaron las protestas antigubernamentales a nivel nacional.

“Este plan no ha terminado, aún quedan detenciones y acusaciones que pretenden ejecutar y no lo vamos a permitir. El pueblo está movilizado y seguirá movilizado. El que no la debe, no la teme. Además, se pretende involucrar a activistas y dirigentes como María Corina Machado y al vicepresidente de la AN, diputado Freddy Guevara. También, los concejales Edmundo Rada y Darío Ramírez, este último en exilio, han sido blanco de acusaciones sobre las manifestaciones en el estado Miranda. En vez de buscar soluciones a los problemas que los aquejan, utilizan la justicia para militar para perseguir a quienes luchamos por #LaMejorVzla”.

DC/NP