Una perspectiva para el problema esequibano, por Luis Barragán (@LuisBarraganJ)

A mediados de diciembre de 2016, nos sorprendió una declaración del Secretario General saliente de la ONU, señor Ban Ki-moon, obviamente acordada y acogida por su sucesor, anunciando el plazo de un año  para remitir a la Corte Internacional de Justicia la controversia esequibana, en el caso que Venezuela y Guyana no acordasen lo contrario.  Concluyendo febrero de 2017,  el noruego Dag Halvor Nylander fue designado como representante personal del entrante Secretario General, señor António Guterres,   para atender tan espinoso asunto, hallándose la canciller Rodríguez en Suiza, en el marco del 34° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, insistiendo en que “Venezuela mantiene su modelo económico y es lo que sin duda se ha convertido en una amenaza  para este imperio capitalista  y este orden internacional y financiero causante de sufrimiento a la humanidad entera”.

Entre otros aspectos, nuestra intervención en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional con motivo del 51° aniversario del Acuerdo de Ginebra, acentuó la preocupación por el plazo inconsistente ya de diez meses, ahora  confirmado para despecho de quienes hicieron una lectura ligera de la declaración decembrina. Así, debe ocuparnos la aludida representación personal que puede interpretarse como una labor de mediación política más que fronteriza, dada la experiencia colombiana de Nylander, descartando el papel de Buen Oficiante, como el silencio sospechoso de nuestra cancillería, la que privilegia la generosa y también analgésica abstracción del intervencionismo imperialista, en un país que concreta y literalmente muere de hambre,  teniendo como  saldo el de una exitosa estrategia de Georgetown.

Sobre todo, porque tendemos a recrear las viejas circunstancias a la que respondió una Política de Estado, por cierto, deliberadamente quebrada en el presente siglo, tan propicia para una retórica oficial que suele desubicar a la propia oposición. Vale decir, contamos con la meritorísima herencia de una perspectiva, enfoques y estrategias que requieren de una urgente actualización, pues, por una parte, es útil para la demagogia gubernamental que, incluso, aparentándose nacionalista, se apropia de un lenguaje reivindicador que en los hechos traiciona; y, por otra, inútil para una oposición conformista que no despliega todavía una posición deseable y eficazmente crítica e innovadora, la que deriva de un debate amplio y organizado.

Contamos con una sólida y profunda fundamentación de los alegatos históricos y jurídicos que, más allá de la reiteración, podemos perfeccionar con nuevos hallazgos y planteamientos, como ha ocurrido con la reciente publicación de “La cuestión Esequibo: Memoria y soberanía”, bajo el sello de la Universidad Metropolitana y el aval de las universidades Simón Bolívar y de Los Andes, coordinada por los doctores Luis Alberto Buttó, José Alberto Olivar y Claudio Briceño Monzón. Quince trabajos, rigurosamente arbitrados, dan cuenta de sendas novedades históricas, pero también asoman una sugestiva perspectiva política y estratégica del problema que, reconociéndose en ella, tiende a superar la valiosa herencia para (re) colocarnos en el presente siglo.

No será fácil resolver tan apremiante cuestión, siendo Nicolás Maduro la mayor de nuestras vulnerabilidades en el campo de la seguridad y defensa de la nación, pero la peor diligencia es la que no se hace. A modo de ilustración, exigido por largo tiempo, incluyendo a los esequibanos que tan inútilmente recurren al TSJ, el flamante anuncio oficial de la cedulación se redujo a un operativo político en Tumeremo del que no se ha sabido más, por no citar que su implementación no requierió de  fiscalización opositora alguna que ha de garantizar  su trasparencia y pulcritud, como acontecía décadas atrás.

DC / Luis Barragán / Diputado AN / @LuisBarraganJ