Legalización o Liquidación, por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP)  

Los años 2015 y 2016, quedarán grabados en la historia de Venezuela, como los dos períodos de 12 meses, donde ocurrieron las situaciones más contrapuestas, que pueden suceder en una sociedad, porque el primero sirvió para que los venezolanos en uso y goce de nuestros derechos políticos, ejerciéramos nuestra soberanía libremente y eligiéramos nuestros representantes en el poder legislativo, conforme lo consagra nuestra Constitución Nacional a través del voto universal, directo y secreto y el segundo, para que todos esos derechos políticos consagrados en la carta fundamental, fueran echados por tierra, aplastados y desconocidos por el régimen de Nicolás Maduro, en complicidad anti histórica y perversa, con los burócratas que están apertrechados en el resto de los poderes públicos, que sin importarles estar incurriendo en delitos sumamente graves que serán juzgados más temprano que tarde, como el caso del poder Judicial y el Electoral, dieron al traste con lo más sagrado para una sociedad democrática, como es la Soberanía Popular. Art. 5 de la C.N. “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la Ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

Desconocida, como ha sido la voluntad soberana de nuestro pueblo expresada en la elección de la Asamblea Nacional, suspendido el derecho al voto, como ocurrió con las elecciones de gobernadores, constitucionalmente previstas para diciembre de 2016 y aun no convocadas y asesinado el Referéndum Revocatorio, también consagrado en la Constitución artículo 72, la dictadura declarada va por el siguiente zarpazo relativo a la ilegalización de los partidos políticos, porque las condiciones anunciadas para tal fin, combinadas con los lapsos, sitios de recolección de firmas tuteladas por el poder electoral y la parafernalia técnica, que implica huellas digitales, máquinas dactiloscópicas, aunadas al lote de seis partidos por jornada, significan, mucho más allá de lo imposible, que organización política alguna, por mucho respaldo popular que tenga, pueda cumplir con esa tarea y aún logrando la cantidad de rúbricas, luego quedará en manos de los burócratas del CNE la validación final de ellas o del TSJ si fuere el caso, quienes ante cualquier denuncia o amparo por fraude, interpuesto por dirigentes del partido de gobierno, como ocurrió con el fallecido Referéndum, actuarán para emitir el fallo a su favor y sepultarán a esas organizaciones con fines políticos, que además le harán el favor de avalar esta atrocidad.

Ahora, de acuerdo a mi opinión, aquí de lo que se trata es de un problema de fondo y no de forma, porque es sencillamente inaceptable que 4 señoras que no provienen de la soberanía popular y que han sido ratificadas en sus cargos de manera inconstitucional no pueden estar por encima de la Constitución Art. 67 “Todos los ciudadanos y ciudadanos tienen derecho a asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección”; por ninguna parte dice que para fundar o validar un partido político, los venezolanos tenemos que someternos a una camisa de fuerza de esta naturaleza, que no es otra cosa que la reedición de los tiempos de los anteriores regímenes autoritarios de Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras y Marcos Pérez Jiménez, con la única diferencia que en aquellos tiempos, los ilegalizaron por decreto, mientras la dictadura Maduro y corte lo hace a través de los poderes secuestrados y castrados, que han preferido cumplir sus designios y no con lo consagrado en la carta de 1999, que incluso fue promovida y redactada por ellos.

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes” PSB

DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex parlamentario del estado Sucre / petersecond1@hotmaIL.com / @pedrosegundoABP